SANTIAGO, 11 (AFP-NA). - Un juez chileno ordenó el arraigo de ocho exfuncionarios del gobierno de Michelle Bachelet (2006-2010), al inicio de un proceso judicial que busca establecer su culpabilidad en las muertes ocurridas por no alertar a la población del tsunami que siguió al terremoto de 2010. Se "decreta la prohibición de los imputados de salir del país (arraigo)", dijo el juez Daniel Urrutia, atendiendo a parte de las medidas cautelares que había solicitado la Fiscalía chilena.

El magistrado negó la solicitud del Ministerio Público que pidió la firma mensual de los imputados, entre ellos, el ex viceministro del Interior, Patricio Rosende, y la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), Carmen Fernández. 

Los ex funcionarios fueron acusados por la fiscalía de descartar prematuramente el tsunami que azotó las costas del centro y sur de Chile que causó la muerte de 156 personas y que otras 25 estén desaparecidas. El tsunami fue precedido por un terremoto de 8,8 grados Richter que dejó 523 muertos y 30.000 millones de dólares en pérdidas, el 27 de febrero de 2010. El magistrado rechazó también la solicitud de prisión preventiva que presentó un abogado representante de las familias de las víctimas.