En tiempos donde el poder político denuncia una ofensiva del sistema judicial contra los funcionarios, y en especial contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el allanamiento a una de las empresas de su propiedad, Hotesur, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, expresó que "la

independencia del poder judicial" es un tema "central" para el

tribunal así como "para todo el poder judicial".

De esta manera dejó en claro su posición más allá del hostigamiento casi permanente que funcionarios del Gobierno nacional realizan contra magistrados y fiscales del fuero federal, especialmente quienes investigan a hombres del poder. "Seguiremos estando unidos porque tenemos la responsabilidad de estar unidos para el fortalecimiento institucional y para defender los derechos de las personas", afirmó Lorenzetti la semana pasada al hablar durante el tradicional brindis de fin de año que el tribunal ofrece a la prensa acreditada. El alto magistrado alentó la idea de alejar de la contienda política a la Justicia, pero alertó a propios y extraños que el Poder que encabeza está encolumnado en torno a su independencia, cuando el debate por la cobertura de las vacantes en la Corte enfrenta al Gobierno con la oposición.

En el marco de este enfrentamiento, el allanamiento de Bonadío a la firma Hotesur a partir de una denuncia de la diputada nacional, Margarita Stolbizer, generó reacciones impensadas en el Gobierno. El jefe de Gabinete de ministros, el chaqueño Jorge Capitanich, llegó a acusar a los jueces de impulsar un "golpismo activo" por investigar a la empresa de la Presidenta. 

Más aún, la Presidenta atacó directamente al juez Bonadío al cuestionar que una empresa de la que es accionista tampoco presentó los balances, al igual que Hotesur, ante la Inspección General de Justicia (IGJ). Lo extraño en esta situación es que Cristina Fernández de Kirchner utilizó información privilegiada, a partir de su acceso sin restricciones a datos confidenciales de la IGJ, para defender a su empresa. Esto es, utilizó su cargo para requerir información que la IGJ no le otorga a nadie para luego atacar al juez Bonadío a través de su cuenta de Twitter y de la Casa Rosada. Emplea, una vez más, los medios públicos para defenderse de una causa contra su empresa. En realidad, la jefa de Estado debiera ser la primera en cumplir con la ley para dar el ejemplo y sus empresas no deberían tener ningún tipo de objeciones, ni siquiera deber balances. Pero la interpretación de la ley para el kirchnerismo, está demostrado, se hace en función de los propios intereses.  

El golpe del oficialismo contra Bonadío fue por todo, aunque luego no

consiguió los votos necesarios para elevar a jury de

enjuiciamiento el pedido de destitución del juez federal ante el plenario del Consejo de la

Magistratura. Debió conformarse con aplicarle una sanción pecuniaria del

30 por ciento de su sueldo por única vez por la actuación del

magistrado en dos causas de los ´90.

En el Gobierno ni siquiera están interesados en guardar las formas y no ocultan su malestar con el magistrado, a quien califican de "juez opositor" debido a su actuación en causas contra

funcionarios del Gobierno, incluyendo la iniciada contra la Presidenta por supuestas anomalías

registrables y la falta de presentación de balances de la

sociedad Hotesur, que administra el hotel Alto Calafate.

Dirigentes de la oposición

cuestionaron la sanción que el Consejo de la Magistratura dispuso contra Bonadío. La legisladora porteña Graciela Ocaña dijo que "la sanción al juez Bonadío por

investigar a la Presidenta es vergonzosa" y que "significa que para la Presidenta y el ministro de Justicia

(Julio Alak) no se puede investigar al poder". 

El senador nacional Ernesto Sanz consideró

"alarmante" que desde el Gobierno nacional se pretenda impedir que

la justicia avance en las investigaciones por hechos relacionados

con la corrupción.

"Lo que está en discusión en la Argentina no es la relación

entre la política y la justicia sino entre el gobierno y la

justicia. El gobierno está en crisis, está en conflicto con la

justicia porque no admite que los jueces lo investiguen", indicó el legislador. "Lo alarmante es que el poder persigue a la justicia que lo

investiga. Persigue a los jueces como Bonadío, persigue

a los fiscales como (José María) Campagnoli, el poder no quiere

que la justicia avance en causas que son emblemáticas vinculadas a

la corrupción", agregó.

“¿Pone tan nervioso que los jueces actúen como deben actuar?”, se preguntó el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral al interpretar las acusaciones de Capitanich contra la Justicia. Incluso la flamante presidenta del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, que llegó a ese cargo con el apoyo del kirchnerismo, se pronunció en forma crítica contra el jefe de Gabinete al considerar que sus afirmaciones representan "una presión muy fuerte a la independencia" de la Justicia.