Justicia lenta no es justicia, contundente definición que seguramente hemos escuchado miles de veces, pero que sin embargo muy poco o nada se ha hecho para modificar esta situación, existiendo innumerables ejemplos que sostienen esa posibilidad de las indefinidas demoras. Días atrás se conoció un informe correspondiente nada menos que al Consejo de la Magistratura, según el cual la auditoría realizada sobre los juzgados federales estableció que en los casos de corrupción elevados a los mismos en los últimos 20 años apenas un 8% de ellos llegaron a juicio oral.

Concretamente, insistimos, en los casos donde son denunciados por corrupción funcionarios nacionales y deben ser considerados en los 12 juzgados federales existentes en Comodoro Py, sobre 1.151 causas que fueron tramitadas entre 1996 y 2016, sólo 92 expedientes avanzaron y desembocaron elevados a juicio oral. Es decir, un 8% de las causas presentadas, lo que por cierto es muy poco, casi nada, mientras el resto ingresó en lo que se puede denominar ese amplio abanico de la lentitud, en la cual la mayoría van quedando orientados hacia la prescripción. Es decir, sin que haya sancionados.

En ese lapso de dos décadas, fueron examinados los plazos de duración de los procesos y el modo en que culminó cada uno de los expedientes, es decir, con procesamiento y elevación a juicio oral, o bien desestimación de la denuncia por no encontrarse los delitos en la denuncia o bien no se pueda avanzar, quedando también la posibilidad del sobreseimiento, cuando el proceso se cierra definitivamente exculpando al imputado por considerar el juez actuante que el hecho investigado no se encuentra dentro de una figura legal, no habiendo sido cometido por el imputado o bien es inimputable, quedando también la posibilidad de la ya mencionada prescripción -un recurso muy utilizado cuando se "duermen" las causas hasta la expiración de los plazos legales-, es decir, cuando la investigación cesa por haber transcurrido un tiempo superior al del máximo de la pena estipulada para el delito en cuestión. También existe la declaratoria de incompetencia, cuando el juez envía el caso a otro magistrado por alguna razón que le impida investigar el caso, y finalmente queda el camino del archivo, que es cuando el juez rechaza la solicitud del fiscal para investigar una denuncia.

De tener que mencionarse una causa que pasó al archivo, a modo de ejemplo, tenemos una que fue de gran repercusión en su momento, como la decisión del juez Rafecas de iniciar una causa por la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner en enero de 2015, situación esta que luego fue revertida por una Cámara superior, considerando que la actuación del juez había sido fallida, recordándose que dispuso esa medida del archivo sin siquiera realizar una del medio centenar de medidas de prueba que había solicitado el fiscal. 

Volviendo al informe de la Magistratura, digamos que se puntualizan los muy diferentes cargos que tuvieron los juzgados, ya que algunos -los a cargo de los jueces Servini, Canicoba Corral y Casanello- tuvieron esos 20 años entre 74 y 76 causas, en tanto otros -Lijo y Rodríguez- entre 120 y 160, más del doble de aquellos. También se puede detectar cuántos casos con más de diez años en trámite tuvo cada juzgado, teniendo el tope Canicoba Corral con 13 y seguido por el ya inexistente Oyarbide con 9 casos. En cuanto al promedio de duración de las causas culminadas fue de 2 años,4 meses y 11 días.

Siempre con relación a los tiempos, un aspecto esencial en la justicia argentina, el 74% de los expedientes se tramitaron en menos de 3 años, el 13% entre 3 y 6 años, el 8% entre 6 y 10 años y el 5% en más de una década. El saldo final, reiteramos, sólo 8% de las causas fueron investigadas con acusaciones, procesamientos y elevaciones a juicio, quedando la mayoría por el camino, incrementando el nivel de impunidad que existe en la Argentina.

En realidad, todo lo expuesto no hace más que reforzar el pobre concepto del que goza la justicia en el país, señalada como una de las causas de la decadencia.