Desde el mes de mayo de 2016, pronto hará dos años, se encuentra en vigencia el Programa de Reparación Histórica para los jubilados, y aún con la muy buena cantidad que se acogió a estos beneficios que incrementaron sus haberes mensuales, su incidencia para que se reduzca la cantidad de juicios por parte de jubilados y pensionados -condición que se debe aceptar para incluirse en la reparación-, es todavía baja. Es que en 2016 se iniciaron 32.058 nuevos juicios y en 2017 otros 25.999 por parte de quienes no ven una solución en la metodología implementada y aspiran a recibir cantidades mucho mayores, no sólo en sus haberes mensuales, sino también en lo que les corresponde desde el momento en que accedieron a la jubilación con ingresos menores a los dispuestos por ley.

Tal como consignamos arriba y tal lo tiene en sus estadísticas la Cámara de Seguridad Social, el año pasado ingresaron a los 10 juzgados del área 35.494 nuevos juicios, de los que 25.999 son de jubilados y pensionados y los restantes 9.495 de retirados y pensionados de las fuerzas armadas. Mientras que el año anterior, en 2016, se dio comienzo a 40.213 juicios, siendo 32.058 de jubilados y pensionados y 8.155 de retirados y pensionados de las referidas fuerzas.

De tal manera, aun cuando no hay estadísticas certeras respecto a la cantidad de juicios, se cree que el stock de juicios acumulados se mantiene en alrededor de los 300.000, ya que durante 2017 la ANSES pagó tantos juicios como nuevas demandas se iniciaron, ya que en este último caso no aceptaron las condiciones de la reparación histórica.

A todo esto, hasta el mes de enero pasado, y de acuerdo con cifras oficiales de la ANSeS son 810.834 los jubilados y pensionados que aceptaron el ofrecimiento de reparación de sus haberes, sobre un total de 1,5 millón alcanzados por las condiciones del Programa, aunque se tiene conocimiento que la mayoría de ellos son aquellos que no habían iniciado juicios al Estado, razón por la cual la cantidad de estos últimos se mantiene estable, ya que los que están siendo pagados suman similar cantidad a los nuevos juicios.

Un dato bastante claro sobre la situación existente, es que de los 300.000 juicios en marcha y con casi dos años de vigencia del programa de reparación histórica de haberes, apenas un 10% habría aceptado incluirse y por lo tanto renunciar a la continuidad de sus demandas. Una cifra realmente pequeña si consideramos que el verdadero objetivo de esta iniciativa, no sólo era ofrecer la posibilidad de recomponer sus ingresos a 1,5 millón de pasivos que estaban en condiciones de ajustarse a las condiciones requeridas, sino también ir reduciendo sostenidamente la cantidad de juicios contra el Estado, la cual sigue manteniéndose similar al punto de comienzo, ya que entran tantos como salen. 

De acuerdo con análisis y estimaciones que hacen organismos privados, la ANSeS de cada 100 pesos que debe pagar a los pasivos sólo termina abonando 25, siendo por lo tanto ofrecimientos muy bajos que son rechazados en la mayor parte de los casos de quienes se interesan por esa posibilidad. La diferencia estaría dada en el bajo índice utilizado por la entidad para calcular la retroactividad y el reajuste de haberes con relación al que estuvieron utilizando los jueces de seguridad social, el cual fue avalado por la Corte Suprema. Es que mientras la ANSeS tomó como referencia el Ripte (remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales), la justicia lo hizo con el Isbic (índice de salarios básicos de la industria y de la construcción). La diferencia es muy importante, ya que para este último fue de 435%, mientras que el usado por la ANSeS sólo fue de 178%.

Pero no solo deben considerarse todos estos aspectos para que los juicios no se reduzcan, ya que desde mediados de 2017 la ANSeS viene apelando a la Corte Suprema los fallos favorables a los jubilados que son aprobados en las diversas Salas de la Cámara de Seguridad Social con sentencias que aplican el Isbic, siendo el argumento usado que aún no está resuelto por la Corte cuál indica utilizar, si bien se admite que el índice industria y de la construcción arroja un salario promedio "exagerado". Pero no sólo eso, pues la ANSeS está apelando también sentencias de las Cámaras en ejecución, que anteriormente no habían sido cuestionadas.