Una mujer, su expareja y el medio hermano de ella son investigados por una defraudación de alrededor de 10 millones pesos a un empresario agropecuario y de transporte de Villa Cañás. El fiscal que encabeza la investigación es Iván Raposo, quien imputó a las tres personas el delito de administración fraudulenta. A la mujer se lo atribuyó como autora, en tanto, a los dos hombres les endilgó el delito como partícipes necesarios, respectivamente.

La mujer investigada tiene 47 años, sus iniciales son PLP y fue empleada de la víctima. Por su parte, su expareja –que es funcionario policial de la Unidad Regional VIII– también tiene 47 años. En tanto, el medio hermano de la imputada tiene 46 años y sus iniciales son ACM.

TRANSFERENCIAS Y PAGOS

“La mujer investigada era empleada de un hacendado y propietario de una empresa de transporte del sur provincial, y tenía un poder especial para acceder a las cuentas bancarias de su patrón”, informó el fiscal Raposo. “De acuerdo a la denuncia, la mujer incumplió los deberes de manejo y administración del dinero, a través del desvío de fondos desde las cuentas bancarias de la víctima hacia cuentas propias, y hacia cuentas de su expareja y de su medio hermano”, explicó el funcionario del MPA.

Raposo sostuvo que “la mujer actuó con el fin de procurarse para sí y para los otros dos imputados un lucro indebido a sabiendas de que, con su obrar antijurídico, ocasionaría un detrimento en el patrimonio de la víctima”.

Según relató el fiscal en la audiencia, “en los primeros meses de 2017, la víctima advirtió una merma considerable del stock de cereal en los acopios de una planta de Rufino, en otra de María Teresa y también en una de Villa Cañás”. El funcionario del MPA precisó que “el empresario se dio cuenta que cada mes estaba más endeudado y con menos cereal para afrontar los pagos más inmediatos, motivo por el cual recurrió a los servicios de una auditoría externa”.

Raposo también hizo hincapié en que “la víctima detalló que en el marco de la auditoría, se le solicitó información a la imputada, a lo cual la mujer se negó, se mostró enojada, sustrajo documental vital para poder conocer el verdadero estado financiero de las empresas y luego no se presentó más a trabajar”. En tal sentido, el fiscal agregó que “de la auditoría contratada se pueden advertir diversas transferencias bancarias y pagos por alrededor de 10 millones de pesos a personas con quienes el empresario no tiene ni vínculo comercial ni personal”.

Por último, Raposo enumeró que “además de las transferencias hechas a su expareja y a su medio hermano, los beneficiarios son proveedores de indumentaria y empresas relacionadas a la gastronomía”. En tal sentido, concluyó que “la mujer investigada tiene emprendimientos comerciales relacionados a la venta de ropa en Villa Cañás y en Venado Tuerto, y también incursionó en el rubro gastronómico con un bar en Villa Cañás”.

MEDIDAS CAUTELARES

El sábado a la mañana se realizó la audiencia de medidas cautelares en los tribunales de Venado Tuerto. “Desde la Fiscalía solicitamos la prisión preventiva de los tres imputados, argumentamos que la víctima afirmó que la imputada hizo desaparecer pruebas y que uno de los imputados es funcionario policial. Sin embargo, el juez entendió que no había peligrosidad procesal y ordenó que recuperaran la libertad con la imposición de reglas de conducta”.

Raposo concluyó que “trabajaremos en una exhaustiva investigación para aportar más evidencias que nos permitan llegar presentar una sólida argumentación y luego pediremos la realización del juicio oral y público para los tres imputados”.