El proyecto de ley del presupuesto 2017 trajo malas noticias para la agroindustria, ya que la cartera agropecuaria recibirá sólo el 2,8% más que en el presente 2016, lo cual inflación mediante constituye una reducción de al menos el 30% de los recursos asignados a los organismos enfocados en la producción. Es decir, sin entrar aún en mayores detalles, tenemos que mientras desde el gobierno nacional se dice que hay que producir, exportar, y que la Argentina tiene capacidad para alimentar a una gran parte del mundo, se le recortan los recursos a los entes cuyo objetivo es fomentar y mejorar la producción. Uno de los tantos contrasentidos de este tiempo, aun cuando es evidente que por un largo plazo estaremos bajo la consigna de la frazada corta, y de algún lado tienen que aparecer los recursos, que no los hay para todos.
Organismos descentralizados como el INTA, el SENASA, el Instituto Nacional de la Semilla y el Instituto Nacional de Desarrollo Pesquero, son algunos de los que resultan claramente perjudicados por la menor cantidad de recursos. En el caso del primero de los citados y más conocido, le fueron adjudicados 5.112 millones de pesos, significando un recorte de 1.140 millones, una merma muy significativa que, según sostienen desde el propio INTA "no logra cubrir el funcionamiento y continuidad de diversas líneas de trabajo, pone en riesgo los empleos de 600 investigadores y discontinúa la histórica carrera de formación de becarios en la institución, entre otras consecuencias. Esto significa que se limita la capacidad de promover acciones para fomentar la innovación de la tecnología de insumos y procesos para el sector agroindustrial, agroalimentario y forestal, a través de la investigación aplicada y el desarrollo tecnológico".
Todo lo expuesto, tal como lo consignamos al comienzo de la nota, va directamente en contra el anunciado objetivo por parte del presidente Mauricio Macri de convertir a nuestro país "en el supermercado del mundo".
Sin darle demasiadas vueltas a la cuestión, con esta reducción de recursos el organismo verá en peligro a muchos de sus programas y líneas de investigación que resultan clave para el desarrollo territorial, la agricultura familiar y las economías regionales en su conjunto. Uno de ellos, denominado Cambio Rural, mediante el cual se acompaña a pequeños grupos de productores a organizarse, acercándoles además líneas de financiación para sus emprendimientos, es muy factible que se vea en problemas para seguir adelante tal como se vino haciéndolo en los últimos tiempos.
El INTA es un organismo clave para el desarrollo del campo y la agroindustria en general, teniendo presencia en las cinco ecorregiones del país; Noreste, Noroeste, Pampeana, Cuyo y Patagonia. Además de su sede central posee 15 centros Regionales, 6 centros de Investigación, 52 estaciones experimentales agropecuarias -una de ellas en Rafaela-, 22 institutos y 400 unidades de Extensión. Como se advierte, una estructura realmente importante, dedicada en cuatro componentes estratégicos: investigación y desarrollo tecnológico, extensión y desarrollo rural, relaciones institucionales y vinculación tecnológica.
En los últimos 5 años su planta de trabajadores se incrementó 2,5% -según información detallada en Ambito Financiero, en nota firmada por Yanina Otero-, y cuando se aguardaba disponer de más recursos para cubrir las diferentes áreas de trabajo, apareció esta mala novedad de un ajuste en su presupuesto.
La cuestión aún no es definitiva, pues dependerá de la decisión de los legisladores cuando haya que afinar el lápiz en la Cámara de Diputados, hacia donde se dirigieron los reclamos tanto de gente del INTA como de sectores directamente participantes de la producción agropecuaria. De todas maneras, existe cierto escepticismo en cuanto a poder modificar la situación, ya que los recursos son escasos y deben atenderse innumerables cuestiones, privilegiándose por ahora aquellas relacionadas con el tema social.
De aprobarse esta iniciativa, constituirá una mala señal para el sector productivo, aunque todo está por verse.