Tras un exhaustivo estudio estadístico realizado en una veintena de países, Thomas Piketty, un economista que ha puesto en la mesa de discusión las nuevas tendencias en torno a la distribución del ingreso y la riqueza en el Siglo XXI, afirmó que sobre las desigualdades sociales pesan fuertemente fuerzas de convergencia y divergencia. Las primeras -de convergencia- tienden a reducir dichas desigualdades, como por ejemplo la difusión de conocimientos, saberes compartidos y formación de competencias para aumentar la productividad. Mientras que las segundas, que son aquellas que impulsan las desigualdades y suelen ser más fuertes que las de convergencia, se basan en la generación de riqueza con capital de tipo financiero o inmobiliario, por solo nombrar algunas tipologías.

Sus tendencias pueden ser discutibles, pero al estar basadas en estudios estadísticos no tan eficientemente rebatidos, indican que de persistir, marcarían un nuevo hito en la concentración de la riqueza, tal como lo fuera hace unos cien años atrás durante la “Belle Epoque”.

Si bien Piketty sostiene que los países emergentes han contribuido a reducir dichas desigualdades, en la actualidad nos encontramos en un mundo superpoblado (unos 7.000.000.000 de habitantes), con poblaciones itinerantes y brechas tecnológicas cada vez más acentuadas. En este mundo, la dinámica de la globalización con sus tendencias universalizantes tiende a generar rispideces con las identidades locales.

Es así que emergen no sólo países en las nuevas configuraciones mundiales, sino figuras como los territorios como entidades locales con dinámica propia dentro de los mismos Estados. Que incluso pueden no coincidir con las viejas jurisdicciones administrativas o políticas, pero que tienen su propia vida, su propio capital en el sentido más amplio de la palabra.

Sus estudios no dejan de ser un llamado de atención que, desde nuestra opinión, resultan útiles para pensar la puesta a punto de estos territorios locales que necesitarán sobrevivir y adaptarse al mundo globalizado.

En Argentina, el Estado nacional es quien posee la mayor capacidad de generar infraestructura necesaria por una simple razón: su partida presupuestaria es mucho más amplia y suficiente que la generación de ingresos por parte de las provincias y los municipios que generalmente, y con pocas excepciones, no pueden autoabastecerse por sí mismos. El federalismo presupuestario argentino todavía no permite ciertos niveles de autonomía.

Si las fuerzas de convergencia implican innovación, formar capital humano y generar conocimientos, en un mundo donde las brechas tecnológicas son cada vez más acentuadas, la falta de actitud política y creatividad por parte del Estado para aportar esfuerzos a los territorios para que puedan impulsarse según sus propias dinámicas, hace que los mismos sean meros intentos individuales que luchan solos ante los “monstruos” organizados de la competencia internacional.

El hecho de que importantes territorios dentro del Estado no cuenten con las suficientes infraestructuras básica, tales como carreteras apropiadas para conectarse, servicios de infraestructura necesarios para el normal funcionamiento del capital productivo, políticas de créditos para proyectos de inversión que deben ponerse en marcha-aun sabiendo que estos mismos tendrán un período de rentabilidad negativa para amortizar sus inversiones- apoyo directo a la investigación y el fomento de nuevos productos y servicios competitivos, sumado a las falencias del sistema educativo y la política ambiental, hacen que en nuestro país estos nuevos paradigmas del desarrollo aún no estén debidamente contemplados como parte de la agenda política, o mejor dicho, como una política prioritaria de Estado.

Los territorios pueden constituirse en configuraciones que den sentido a los nuevos desafíos de los Estados. Pueden transformarse en motores de desarrollo, articulando de forma equilibrada las fuerzas de convergencia y divergencia que operan en ellos, en un marco de inserción global.

Las fuerzas de convergencia son cruciales: sin mano de obra calificada que acompañe “el espíritu de la época” en materia de innovación y desarrollo, las desigualdades y los problemas socioeconómicos se agudizarán, fragmentando su espíritu de identidad. Una identidad territorial realmente formada, implica una unidad entre riqueza (pública y privada), producción, y un capital humano formado.

Los territorios construyen su propia identidad a través de su historia, su cultura y sus propiedades. Pero la identidad territorial es más que eso, como diría Patrick Lamarque, la identidad genera singularidad y pertenencia durante su paso por la historia, a través de estructuras, sistemas y representaciones.

Hoy día es una realidad que los Estados-nación tienden a delegar cada vez más competencias hacia entidades supra o infra nacionales, en donde muchos sectores quedan relegados en materia socioeconómica. Pero a su vez, las necesidades humanas básicas de protección, solidaridad, educación, socialización y calidad de vida en general, se hacen sentir como urgencias en las instituciones locales más próximas.

Es por ello que en los territorios los gobiernos locales tienen un posicionamiento prometedor ante los desafíos que los esperan, siempre y cuando articulen debidamente las potencialidades de los actores insertos en los mismos.

Ante la vorágine de las tendencias globales en donde nadie quiere quedar afuera, los territorios necesitarán desarrollarse en un espacio delimitado y más seguro, resguardando su propia identidad. El rol articulador de los gobiernos en sus distintas esferas y según sus distintas cuotas de poder, deberá promover un espacio que genere oportunidades y calidad de vida. Para ello, los Estados nacionales, provinciales e incluso municipales, quizás deban reinventar algunos de sus funcionamientos para dotar de vida propia a estos nuevos protagonistas.