Editorial

Informe sobre el submarino

La tragedia del submarino ARA San Juan es una herida abierta en la historia reciente de la Argentina que tardará mucho tiempo en cicatrizar si es que alguna vez lo hará, pero eso no evita que se indaguen sobre las causas del hundimiento registrado a mediados de noviembre de 2017 y si se determina que hay responsables, se apliquen las condenas que correspondan. La semana pasada la Comisión Bicameral del Congreso encargada de investigar el desastre concluyó su informe sobre las causas del siniestro en el que murieron los 44 tripulantes de la nave, pero los legisladores del oficialismo firmaron en disidencia.

El informe final, que fue rubricado por los 12 diputados y senadores que integran la comisión, sería presentado públicamente este jueves. La diferencia central entre los cuatro oficialistas y los siete opositores se encuentra en el capítulo referido a la responsabilidad sobre el extravío y hundimiento de la nave: cada sector elaboró su propio apartado sobre este punto.

El documento de la Bicameral Investigadora de la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de Rescate del Submarino ARA San Juan arribó a las posibles causas que provocaron su hundimiento, aclarando que “al no contar con la nave” se ve impedida “una única teoría concreta sobre la mecánica de los hechos que ocasionaran la pérdida de contacto y su posterior naufragio”. Por ello, la comisión esbozó “una aproximación a las distintas posibilidades investigadas y su mayor o menor probabilidad”.

En un principio, resaltaron “el contexto general presupuestario que han venido padeciendo las Fuerzas Armadas desde el mismo retorno de la democracia a la fecha, en desmedro del mantenimiento de sus bienes de capital, armamento, capacitación, estructura y capacidad operativa”. Algo que “no ha sido responsabilidad de una sola administración en particular, ni de un único gobierno, ni siquiera de un partido político”, aclararon.

Reiterando la “imposibilidad de dictaminar definitivamente al no poder peritarse sus restos”, la bicameral sostuvo que “es indudable que la nave sufrió un incidente, que todo indica que ha sido un principio de incendio en el balcón de baterías de proa Nro. 3, que lo obligó a realizar la desconexión de la mitad de su sistema de propulsión. Un incidente que debe coincidirse resultó grave”.

Además, los submarinistas “se encontraban en medio de un temporal, con mar gruesa, a bordo de un submarino transoceánico”. El principio de incendio pudo haber sido causado “como supone el comandante, por el ingreso de agua durante la maniobra de snorkel, o por otra razón, de magnitud tal que deja con propulsión dividida a la unidad”. La precipitación del submarino hacia el fondo “no podemos dudar que es consecuencia” de este incendio, indicaron, al tiempo que dijeron que el principio de incendio fue una situación que estuvo “controlada en apariencia”.

Con el principio de incendio válidamente pudo haber dejado de funcionar el ventilador, lo que ocasionaría asimismo la acumulación del gas hidrógeno, agrega el documento. Y explica que “sea la explosión o la contaminación de gas venenoso (en referencia al gas sulfúrico, producido por la entrada de agua salada), se produce inmediatamente debajo del cuarto de comando y donde se encuentra más del 90% de la tripulación, que venía fatigada”. Cualquiera de las posibilidades, ante una explosión que incapacite al personal, haría que el submarino precipite inmediatamente al fondo, añade.

En el segmento del informe final que fue objetado por el interbloque Cambiemos, la comisión bicameral fue muy dura contra el ministro de Defensa, Oscar Aguad, acusado de incurrir en una “falta de conducción ante la crisis” y de delegar el manejo de la situación en la Fuerza Armada. El documento indica que desde que tomaron conocimiento del extravío del buque, Aguad y los funcionarios de su gabinete incurrieron en una “falta de conducción ante la crisis; ocultamiento de las circunstancias de la tragedia a los familiares de los tripulantes y a la opinión pública; dilaciones en la contratación de la empresa que se dedicaría a la búsqueda de la nave; destratos a los familiares de los tripulantes y a los legisladores integrantes de la comisión bicameral; y graves irregularidades en los procedimientos sumariales”. 

En el informe final se incluyó una serie de recomendaciones para evitar que la tragedia se repita. En primer lugar, propuso modificar los criterios de la Junta de Selección de Comandantes, considerando “los actuales niveles del estado de adiestramiento de todo el personal, no solo del propuesto para ese cargo sino de todos los que prestaran servicio en la unidad a comandar”; “el estado del material de las unidades”; y “el deterioro del traspaso de conocimientos y experiencias existente desde el bajo nivel de actividad reinante”.

Por otra parte, la comisión sugirió “seleccionar oficiales superiores que se desempeñen como asesores de comandantes embarcados cuando estos se dispongan a zarpar, con el fin de brindar apoyo en la toma de decisiones en el mar”. Por último, propuso “arbitrar las medidas conducentes para que los submarinistas concurran a efectuar adiestramiento en simuladores de inmersión en el seno de las Armadas amigas”.









Autor: REDACCION

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