De acuerdo con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que acaba de difundir un documento analizando lo sucedido en el periodismo durante el recientemente concluido 2011, este año ha sido uno de los más trágicos para el sector en América, ya que además del asesinato de 24 periodistas, se produjeron muy graves amenazas a la libertad de información por parte de gobiernos de países que conforman la región.
La organización, al efectuar su análisis y además de los datos concretos aludidos, destaca que "los ciudadanos tuvieron que lidiar con la violencia para poder expresarse libremente y con normas legales que desvirtuaron las garantías constitucionales sobre el derecho de los ciudades a estar libremente informados". Una situación que, al entender de la entidad, se ha registrado en diversos países, los cuales parecen haber experimentado una especie de contagio en cuanto a las pretensiones de amordazar a la prensa crítica.
Con relación a los actos violentos, que costaron la vida a 24 periodistas, señala la SIP que "en general fueron perpetrados por el narcotráfico, y en muchos casos, en connivencia con funcionarios corruptos", razón por la cual y repasando los antecedentes disponibles, el 2011 se ha transformado en uno de los peores años de la última década, quedando más que en evidencia el avance del crimen organizado en toda la región, sin que se adviertan señales con la suficiente energía de parte de los gobiernos para enfrentarse a esta oleada criminal, generalmente relacionada con el narcotráfico, que mueve sumas híper millonarias.
Según los datos difundidos por la SIP, con 7 reporteros asesinados es México quien encabeza la trágica nómina, apareciendo luego Honduras con 5, Brasil con 4 y Perú con 3, completando el cuadro con un periodista asesinado Guatemala, Paraguay, Colombia, El Salvador y República Dominicana, resaltándose en tal sentido en el comunicado de la organización que "junto a la impunidad por crímenes ocurridos en otros años y la inacción de las autoridades para disuadir a los violentos, se ha creado un círculo vicioso en el que se han nutrido altos niveles de autocensura".
Asimismo, y un apartado especial dedicado a Cuba, la SIP sostiene que "hubo escasos avances, habiéndose agudizado la censura y la violencia contra los disidentes, periodistas independientes y blogueros".
Pero aún más allá de la violencia, cuyas consecuencias han sido hasta aquí debidamente puntualizadas, la SIP puso especial énfasis en llamar la atención respecto a "los peligrosos trámites gubernamentales contra la actividad periodística" que se produjeron durante 2011, muchos de ellos "disfrazados de normas legales y medidas judiciales muy confusas para la opinión pública". Uno de los casos más relevantes es el de Ecuador, donde el Poder Legislativo a instancias del Ejecutivo que encabeza el presidente Rafael Correa, avanzó en una Ley de Comunicación con el propósito de establecer "férreos controles y mordazas oficiales contra los medios para que no puedan desarrollar su tarea de fiscalización del gobierno". Una característica muy parecida a la ocurrida en Venezuela, donde Hugo Chávez fue el primero en instrumentar esta clase de rígidos controles sobre la libertad de prensa, sea mediante algunas normas legales y otras al margen de las mismas, consistentes en ataques sobre instalaciones de algunos medios opositores al gobierno chavista.
Con relación a la Argentina, la SIP deja expresamente sentado la sorpresa que causó en la comunidad internacional cuando el Congreso aprobó sin más trámites ni debate una ley declarando el papel para diarios de "interés público", implicando -de acuerdo con la organización interamericana- "que la producción y venta de este insumo estará regulado por el Estado y, por lo tanto, podrá también ser utilizado como un mecanismo de presión" sobre los medios.
Se alude además al tema de la publicidad oficial, asegurándose en el informe que "se ha observado con consternación cómo varios gobiernos, entre ellos Argentina, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, han seguido utilizando la publicidad estatal como arma para premiar y castigar a los medios", ampliando en el sentido que "se han agudizado sus estrategias de propaganda política, ya sea mediante el uso de cadenas de información pública o comprando y creando medios de comunicación".