Cuando se derogó la ley de Convertibilidad, no fue en forma completa, quedando en vigencia la prohibición de ajustar por causas de la inflación. Un aspecto que favorece de manera muy importante al gobierno en cuanto a la recaudación de impuestos, siendo prácticamente el único beneficiado, ya que todo el resto debe soportar los efectos negativos del flagelo, de modo especial los que menos tienen, ya que no disponen de forma alguna de poder enfrentar la inflación. Incluso los de salarios bajos, siempre corriendo detrás, también quedan claramente expuestos.
Según un análisis que hace el economista Ismael Bermúdez, destaca que dadas las circunstancias apuntadas, "el fisco recauda muchísimo más sobre ganancias ficticias tanto de empresas como de individuos, sean empleados, jubilados o profesionales", para añadir que "como tampoco se ajustan los montos de reintegros y devoluciones, la AFIP se queda con una diferencia cada vez mayor", con lo cual sintetiza "la inflación es la mejor socia del fisco".
Un caso muy preciso son por ejemplo las deducciones en el impuesto a las Ganancias que afecta a empleados, jubilados y autónomos, que no experimentaron ajuste en los años 2002, 2004, 2005, 2009 y 2012, mientras que en los años intermedios con excepción de 2006 y 2007 los ajustes fueron por debajo del nivel inflacionario, por lo cual con relación a 2001 el mínimo no imponible para una familia tipo -matrimonio y dos hijos- subió el 380% mientras que la inflación real fue en igual lapso de 500%, quedando claramente reflejado quién se beneficia con la inflación.
Pero hay más todavía, ya que el efecto de esta imposición es mayor en virtud de que tampoco han sido actualizadas las escalas salariales sobre las que se paga el impuesto, continuando iguales valores que en el año 2000. Un caso muy claro es que en el primer tramo de salarios que llegan hasta 10.000 pesos tienen una alícuota de 9%, cuando esa escala debería alcanzar hasta los 50.000 pesos, razón por la cual quienes llegan con sus salarios hasta ese tope deben afrontar un pago impositivo del 23%, en lugar de los 9 puntos que correspondería. Es así entonces que es enorme la suma de dinero que debería quedar en los bolsillos de la gente y que finalmente se desvían a las arcas fiscales.
De acuerdo con los análisis estadísticos sobre el tema, al menos el 20% de los asalariados -unos 10 millones de trabajadores- se encuentra alcanzado por el impuesto a las Ganancias no por contar con un mayor poder adquisitivo, sino porque las deducciones no fueron ajustadas en forma paralela a la inflación, pero además gastos varios, entre los que se cuentan sepelios, seguros de retiro, donaciones o seguros de vida, se mantienen en los mismos valores de 2001.
En el mismo informe se da cuenta de muchas otras alteraciones en la norma, consecuencia de postergaciones, como los montos a partir de las cuales se debe retener como anticipo de Ganancias un porcentaje a diversos proveedores al momento de concretar un pago, que no se mueve desde hace 12 años. Además, los montos anuales por tramos para encuadrarse como autónomos no son modificados aún cuando sí son incrementadas las cuotas a pagar y se ajustan dos veces por año los aportes de carácter previsional. Y siguen los atrasos: las compras con tarjetas de débito continúan con la devolución del 5% por las compras hasta 1.000 pesos, lo cual no se modifica desde 2002. No es demasiado difícil comparar lo que se podía comprar con mil pesos hace diez años y ahora. También existe ahora el recargo del 15% sobre las compras y gastos en moneda extranjera sobre las tarjetas de débito, compra y crédito, con un potencial recupero posterior que, de tal forma, es licuado por la inflación.
Con precios que están subiendo al menos al 25% anual -sobre esta parte final del año se asegura que la inflación es aún unos puntos por encima de esa estimación- la carga impositiva experimentó una ampliación muy importante sobre casi todo el conjunto de trabajadores. En tanto que en el aspecto general, digamos que la presión impositiva es de 37% sobre el PBI, lo cual la ubica como la más alta de todos los países latinoamericanos, e incluso por sobre el nivel de algunos de Europa de primera línea.