La demora en la reactivación de la economía profundiza la crisis actual que hace crujir el empleo y afecta sustancialmente el consumo de las familias y las empresas. El Gobierno no baja las tasas para capturar más pesos del mercado con la premisa de contener la inflación, pero al mismo tiempo encarece el crédito indispensable para las actividades productivas. Al mismo tiempo, los hogares ajustan el gasto porque el dinero no les alcanza y eso se traduce en una caída del consumo, lo que no es otra cosa que menos ventas por parte de los comercios y menos producción en las fábricas. 

En este escenario, la Unión Industrial Argentina (UIA) ratificó durante esta semana su "preocupación" por la caída de la actividad industrial, a la vez que advirtió que el sector tiene una "capacidad ociosa" del 35%, sostuvo que algunas economías regionales y las pymes atraviesan una "situación crítica" y alertó sobre el fuerte incremento de las importaciones.

No es un dato menor que esta ácida descripción se origine en una de las instituciones que saludó el cambio de gobierno que se registró a fines de 2015, quizás porque las expectativas creadas no se plasmaron aún en la realidad. 

La Junta Directiva de la central fabril se reunió para analizar la situación del sector y reiteró que la actividad industrial registró el año pasado una caída interanual del 4,9% "continuando la tendencia negativa de los años previos", según un informe de su Centro de Estudios.

De acuerdo al relevamiento, este año la actividad industrial crecería entre "en torno al 1 ó 2 por ciento". La central fabril reiteró su reclamó de que de "manera urgente" se realice una reforma tributaria integral que "tenga en cuenta las dificultades a nivel subnacional y ponga su objetivo en aliviar las cargas para el sector productivo".

Al respecto, la UIA alertó que las importaciones aumentaron en enero último un 7,2% del volumen general y 22,7% para bienes de consumo en particular, lo que impacta de lleno en la industria local. Los miembros de la Junta Directiva "manifestaron su preocupación por la caída de la actividad industrial en un contexto donde la capacidad ociosa continúa en torno al 35%".

Según la entidad, "los diferentes representantes de los sectores y las regiones detallaron las complejas situaciones, particularmente en las pymes y las economías regionales". Además, advirtió que el crecimiento de este año se dará "con significativas diferencias a nivel sectorial", por el impacto de los costos internos, la actividad en Brasil y la intensidad de recuperación del mercado interno.

Otro punto polémico está ligado a los cuadros tarifarios de los servicios de gas y energía. En este caso, la central fabril reclamó que las nuevas tarifas "no deben afectar la competitividad del sector productivo". Y al referirse a los precios, la UIA señaló que "en caso de que existan en algunos rubros mayor nivel de precios respecto de otros países, los mismos encuentran su razón en la acumulación de la carga tributaria nacional, provincial y municipal, con impuestos que tienen una alta incidencia en el precio final".

En este caso, la UIA, que fustigó la aplicación "indiscriminada" de Ingresos Brutos sólo con afán recaudatorio, se quejó de que la "acumulación de impuestos nacionales, provinciales y municipales generan un sobreprecio del 12 por ciento en los bienes finales". Para la central fabril, la industria en general es altamente competitiva, pero la superposición de impuestos eleva el precio final.

En Rafaela y en la provincia de Santa Fe en general, las organizaciones que representan a los sectores del comercio, servicio e industria plantean periódicamente sus quejas, al considerar una suerte de doble imposición entre el tributo municipal Derecho de Registro e Inspección y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos. Sin embargo, nunca hubo avances en esta pelea teniendo en cuenta que los estados, tanto municipal como provincial, no están interesados en resignar recursos sino todo lo contrario, siempre están en busca de incrementar sus ingresos. 

En este contexto, la UIA reclama una "reforma tributaria este año", a pesar de que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pretende encararla en 2018. En un comunicado, la UIA advirtió que la modalidad de cobrar alícuotas especiales de Ingresos Brutos a empresas no radicadas en una provincia "tiene cada vez mayor incidencia en los costos y por ende en los precios, situación que se agrava con las tasas municipales y el efecto cascada". Sostiene que "esta situación refleja la importancia de elaborar de manera urgente una reforma tributaria integral, que tenga en cuenta las dificultades a nivel subnacional y que ponga su objetivo en aliviar las cargas para el sector productivo". La estructura de costos empeora al sumar los gastos como la logística, la energía y las cuotas de las ART, que terminan impactando negativamente en los precios.