BUDAPEST, 5 (AFP-NA). - Hungría hacía el martes oídos sordos a las críticas internacionales sobre su polémica ley de medios y sobre los impuestos excepcionales aplicados a grandes compañías extranjeras, a dos días de la inauguración de su presidencia semestral de la Unión Europea, el 6 de enero.
"No hay que modificar una ley húngara sólo porque está sujeta a críticas extranjeras", declaró ayer el secretario de Estado responsable para la comunicación, Zoltan Kovacs, a la radio nacional MR. 
En posición de fuerza por el hecho de que su partido Fidesz tiene una mayoría de dos tercios en el parlamento, Viktor Orban reaccionó de esta forma a las críticas tanto nacionales como internacionales sobre la ley que reforma al sector de la prensa.
Poco después, la secretaria de Estado para las Relaciones Europeas, Enikö Györi, matizó sin embargo esta posición: la ley sobre la prensa estará en la agenda de la primera reunión entre el gobierno húngaro y la Comisión europea, el 7 de enero, en Budapest.
Puesta en vigor el 1 de enero, la nueva ley húngara prevé multas que pueden ir hasta 730.000 euros para las cadenas de radio y/o televisión en caso "de que se afecte al interés público, el orden público y la moral", así como por "informaciones parciales", sin que esos conceptos sean definidos claramente.
Facilita también a la nueva autoridad en materia de medios obligar a los periodistas a revelar sus fuentes sobre asuntos de seguridad nacional.
Bruselas no dudará en sancionar a Hungría en su semestre de presidencia de la UE si su controvertida ley es contraria al derecho europeo, advirtió ayer uno de sus portavoces.
"Si hay infracción al derecho comunitario, la Comisión abrirá un procedimiento y el hecho de que Hungría presida la Unión Europea no tiene ninguna incidencia", afirmó Olivier Bailly.
Bruselas había expresado "sus dudas" sobre este texto, en especial sobre la independencia del Consejo de los medios de comunicación, y pidió "clarificaciones" para verificar su compatibilidad con el derecho europeo.
Ayer, Francia también exigió una modificación del texto, como otros gobiernos de la UE, en especial Alemania.