La inseguridad es el tema de mayor preocupación para los argentinos, lo cual está extendido por toda la geografía, tanto en las grandes ciudades como aquellas localidades más pequeñas o incluso las zonas rurales. Nadie está exceptuado. Como consecuencia de ello, y aun cuando la Justicia no proceda como corresponde en todos los casos, otorgando en exceso libertades condicionales o ni siquiera enviando a prisión a los delincuentes, de todos modos la cantidad de presos en las cárceles del país ha ido creciendo de manera significativa.

Un dato que es muy esclarecedor da cuenta que en los últimos 10 años la cantidad de presos aumentó tres veces más que la densidad poblacional, pasando de 54.000 personas privadas de su libertad a 76.261, quienes se encuentran alojados en 290 cárceles federales y provinciales, a quienes hay que agregarles 5.714 en comisarías -como sucede en la Alcaidía de la Jefatura de Rafaela-, por lo cual la cantidad total al momento de difundirse este informe era de 81.975 presos. Cifra que muestra una suba del 41%, frente al 10% que se incrementó la cantidad de habitantes entre 2006 cuando los habitantes del país eran 39.500.000 y 2016 en que pasó a ser de 43.950.368 personas.

Todos estos datos se encuentran insertados en el informe difundido días pasados por  el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, constituyendo una verdadera fotografía sobre la población carcelaria en la Argentina, y la evolución que vino teniendo en esta última década, al compás de la falta de seguridad. En tal lapso los presos aumentaron 22.261, creciendo también la tasa de encarcelados por cada 100.000 habitantes, pasando en esos diez años de 136 a 175.

Aun con estos números tan elocuentes, nuestro país fue uno de los que menos expansión tuvo en la región en materia de presos, teniendo una variación del 23% que está por encima sólo de Chile con 14% y México con -3%, siendo en cambio los países que más aumentaron su tasa de presos El Salvador  con 178%, Perú 120%, Ecuador 90%, Paraguay 87%, Bolivia 79%, Brasil 73%, Uruguay 54%, Colombia 48% y Costa Rica con 35%. Con ello tenemos entonces que la Argentina tiene una de las tasas más bajas del continente americano, donde el amplio líder es Estados Unidos con 666 presos cada 100.000 habitantes, seguido por Cuba con 510 y Brasil 319.

El informe muestra que hay 39.373 condenados y 36.374 procesados, no coincidiendo con el total de detenidos, debiéndose aclarar que no se encuentran incluidas las personas alejadas en psiquiátricos. Mirando hacia atrás, tenemos que esta clase de censos carcelarios comenzaron en 1906, cuando el 40% de los alojados tenía condena y el 60% restante lo conformaban los procesados, con lo cual tenemos que desde hace 110 años la situación no experimenta prácticamente variantes.

De acuerdo con los especialistas en el tema que trabajaron en este informe, el crecimiento porcentual de la cantidad de privados de la libertad es tres veces mayor del crecimiento poblacional pero no se encuentra relacionado con la suba del delito o a una mayor eficacia en las investigaciones, argumentando en cambio que se debe al importante aumento en los índices de violencia, lo que no sólo ocurre aquí sino en todos los países de la región.

Es verdad que la violencia, y por lo tanto la delincuencia, están en auge en toda la región latinoamericana, pero en cambio es mucho más discutible y polémico el asegurar que la cantidad de presos no sube acompasado por el crecimiento de la delincuencia. Son diferentes puntos de vista, pero en ambos casos con argumentos suficientes que los respaldan.

Lo que sí posibilita este trabajo es contar con un completo informe sobre la situación carcelaria en el país, dando cuenta que casi la mitad de presos está en la provincia de Buenos Aires, contando el sistema penitenciario bonaerense con 54 unidades en las que están alojadas 33.698 detenidos, el 44% del total nacional. 

Lo que queda en evidencia, tanto antes como ahora, es la existencia de superpoblación carcelaria, ya que las prisiones alojan casi un 13% de detenidos que su capacidad permite. Retrocediendo, aquí hay marcadas diferencias, pues en 2006 era de menos 2,3%, quedando a la vista que los presos aumentan mucho más que las posibilidades donde alojarlos.