Un total de 33 policías fueron imputados en el marco de la investigación denominada “Horas Ospe” que dirige el fiscal Ezequiel Hernández en capital provincial.

De los 33 imputados, 28 trabajaban en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I de la ciudad de Santa Fe; uno en la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I; mientras que los cuatro restantes prestaban funciones en la Jefatura de la Unidad Regional I.

Los 33 policías investigados fueron imputados como coautores del delito de defraudación doblemente calificada (por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometida por funcionario público), en concurso ideal con falsedad ideológica en instrumento público.

Las audiencias imputativas –que se realizan con las personas investigadas en libertad– se vienen desarrollando desde el lunes 13 de noviembre del año pasado.

Por su parte, la semana pasada fue imputado MJM de 47 años, quien era subjefe de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I. En tanto, el jueves fueron imputados MAN de 39 años, quien era jefe de la Brigada Motorizada, y al oficial CAZ de 41 años.

IRREGULARIDAD

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima hecha el 28 de febrero de 2015 en la línea 0-800 de Asuntos Internos de la policía provincial.

En noviembre de 2017, los legajos y la documentación pasaron a la Fiscalía de Violencia Institucional. “A partir de ese momento comenzamos a avanzar en la investigación y ya pudimos concretar 33 imputaciones”, precisó el fiscal.

Hernández explicó que “la maniobra consistía en favorecer y coadyuvar a la realización irregular de horas extra de la policía, las cuales se denominan Orden de Servicio de Policía Extraordinaria (OSPE)”.

En tal sentido, detalló que “la irregularidad se concretaba de tres formas distintas. En algunos casos se superponían las horas OSPE con la jornada laboral ordinaria; en otros se superponían las horas OSPE entre sí; y la tercera forma era la asignación de horas OSPE mientras los agentes gozaban de su licencia anual ordinaria”.

“El período analizado en esta investigación va desde el 1 de enero al 28 de febrero de 2015. A modo de ejemplo, en esos dos meses –de acuerdo a la documentación analizada–, el monto de la defraudación sólo en la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I asciende a 360.996 pesos”, concluyó Hernández.

A FUTURO

El fiscal Hernández adelantó que “si bien todavía no están definidas las fechas de las próximas audiencias imputativas, la investigación continúa y aún resta hacer la atribución delictiva a gran cantidad de personas de distintas áreas de la policía provincial”, informó oficialmente la Oficina de Prensa del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

EXJEFE DE LA

UNIDAD REGIONAL V

Se recuerda que en esta causa fue imputado también el comisario (Re) Adrián Rodríguez, quien al momento de ser detenido -el viernes 9 de octubre del 2017- se desempeñaba como Jefe de la Unidad Regional V, del departamento Castellanos, con asiento en Rafaela.

Por esta causa de las "horas Ospe", el excomisario Rodríguez pidió el retiro voluntario, según señalaba El Litoral de Santa Fe en aquellos días.

“Mi vida cambió a partir del 9 de octubre a las 13.00”, dijo el exjefe de la Unidad Regional V, tras su detención en esta ciudad de Rafaela.

Rodríguez fue detenido por pedido del fiscal Roberto Apullán -quien ahora fue imputado por escuchas ilegales al ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro-.

Ese día Rodríguez salió esposado de la Jefatura de Rafaela. Posteriormente fue imputado como “coautor de defraudación doblemente calificada, por ser en perjuicio de la administración pública y por ser cometido por un funcionario público; en concurso con falsedad ideológica de documento público”.

Los hechos endilgados al exjefe policial se habrían cometido entre enero de 2015 y junio 2016, período en que Rodríguez era jefe de la Unidad Regional I, del departamento La Capital.

Cabe destacar que la situación de quien era fiscal de la Fiscalía Regional Nº 1 Santa Fe en aquél momento y que pidió la detención del excomisario Rodríguez, el fiscal Roberto Apullán; el martes 30 de Octubre de este año quedó imputado en el marco de otra causa que investiga las escuchas e intervención al celular del ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, hecho en el cual ya fue imputada su colega María Laura Martí.

A los funcionarios judiciales se les atribuyen los delitos de "abuso de autoridad, falsedad ideológica e incumplimiento en los deberes de funcionario público", puesto que los investigadores entienden que ambos fiscales omitieron informarle al juez los motivos por los cuales intervenían la línea telefónica que pertenecía al titular de la cartera de seguridad provincial.