Máximo Ariel "Guille" Cantero -líder de la banda narcocriminal rosarina Los Monos- sumó una nueva imputación este martes en el marco de una causa en la que se lo señala de habilitar y planificar una extorsión a un empresario, lo que podría llevarlo a un nuevo juicio y una eventual condena que extienda la pena de 113 años y 8 meses que acumula por distintos delitos.
En la mayoría de las ocasiones los mismos fueron cometidos desde los distintos lugares en los que estuvo preso desde que cayó en el año 2013. En esta nueva acusación se plantean llamadas desde un teléfono fijo en su pabellón de la cárcel de Marcos Paz, logradas a partir del acceso a comunicaciones como el que tiene cualquier interno. Un aspecto que renueva el debate sobre el control en el Servicio Penitenciario, publicó el portal de La Capital de Rosario.
EXTORSIÓN POR
U$S 1.500.000
El lunes, en el marco de una audiencia que continuó este martes, el condenado como líder de la banda Los Monos comenzó a ser imputado junto a otras personas acusadas de extorsionar y atentar contra una agencia de loterías.
El fiscal Pablo Socca, a cargo de la causa, le endilgó "haber habilitado la extorsión a Cristian Q., dueño de la Agencia de Loterías y Quinielas El Califa, encomendando y planificando aspectos de su ejecución a personas de su extrema confianza para que realicen todo tipo de intimidaciones".
El fin de esas diligencias, explicó el fiscal, era que la víctima entregara la suma de un millón y medio de dólares. Las extorsiones se realizaron en dos etapas distintas, una entre 2021 y 2022 y la otra este año. Socca aseguró que en todas, si bien participaban distintas personas, Cantero siempre era quien daba la autorización. "Se comunicaba desde el interior de la cárcel, utilizando un teléfono fijo", indicó el funcionario y explicó que su principal interlocutora era Daiana Micaela "La Diabla" Leguizamón, que está entre los otros ocho imputados.
Ya en agosto de 2021, cuando en el marco de una requisa en el pabellón de Cantero en Marcos Paz se secuestró un teléfono fijo, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, había planteado que no constituía un privilegio exclusivo para "Guille". El acceso a comunicaciones para las personas privadas de la libertad, lo que incluye el uso de teléfonos fijos en los pabellones, es un derecho contemplado en la Ley 24.660 de Ejecución Penal Privativa de la Libertad. Pero la polémica se vuelve inevitable en casos como el de Cantero, que desde su caída en prisión en el año 2013 continuó acumulando acusaciones y condenas por delitos cometidos en las distintas cárceles en las que estuvo.