BUENOS AIRES, 2 (NA).- El gigante de internet Google presentó ayer un per saltum para que la Corte Suprema intervenga en la demanda que entabló en su contra la vicepresidenta Cristina Kirchner e impida una pericia informática.
Según supo NA, la solicitud tiene que ver con el rechazo de Google a la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que semanas atrás dejó firme una pericia solicitada por la titular del Senado y que le da acceso a los servidores de la empresa.
La ex mandataria presentó una denuncia contra la compañía web a principios de agosto pasado por haber aparecido mencionada en su buscador como "ladrona de la Nación Argentina" y sus abogados pidieron conservar todos los datos asociados a su nombre desde el 17 de mayo de 2020 hasta el día en que se realice una pericia informática.
El juez en lo Civil y Comercial Federal Javier Pico Terrero hizo lugar a esa solicitud de prueba anticipada y Google presentó una apelación, por considerar "improcedente" el dictado de esa medida, ya que no se cumplían los motivos que cita el Código Civil y Comercial para ese tipo de requisitorias.
La Cámara validó la resolución de primera instancia y desestimó la apelación de Google en un fallo en el que subrayó "la inapelabilidad de las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas".
Ahora, el gigante de internet recurre al máximo tribunal del país, al argumentar que "la resolución recurrida no afecta solamente a Google, sino a millones de usuarios que verán comprometida la confidencialidad de sus datos".
"En lugar de garantizar a los usuarios de internet la seguridad y confidencialidad de sus datos, la resolución recurrida los expone de forma injustificada al escrutinio de un perito", se quejó Google en el pedido de per saltum al que tuvo acceso NA.
El abogado de Cristina Kirchner Luis Goldín rechazó los argumento de la compañía de internet y expresó en declaraciones a C5N: "Se demuestra que hay una peligrosidad jurídica donde cualquiera se siente con derecho a presentar un per saltum cuando no hay ninguna situación de gravedad jurídica en la causa en cuestión".
CONSEJO DE LA
MAGISTRATURA
El Consejo de la Magistratura le pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia que rechace el per saltum presentado por los jueces Germán Castelli, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, para evitar ser desplazados de sus cargos. Así lo hizo el órgano judicial al contestar la demanda de los supremos, que le pidieron opinión antes de resolver sobre la cuestión de fondo.
Con un escrito firmado por el presidente del Consejo, Alberto Lugones, el organismo le pidió a la Corte que rechace el per saltum y confirme lo que decidió el Senado y también el Poder Ejecutivo a través de los decretos.
Ahora, el que debe también opinar es el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, tras lo cual la Corte quedará en condiciones de resolver la cuestión de fondo, esto es, si los jueces se quedan en los cargos que obtuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri o si vuelven a los originales.
Por lo pronto, los magistrados tienen licencia por 30 días, tal cual decretó la Corte Suprema este miércoles, lo que se supone que le dará tiempo a sus integrantes para resolver la cuestión de fondo planteada.
El pasado martes, el alto tribunal aceptó resolver el per saltum y eso implicó la suspensión automática de la decisión del Consejo de la Magistratura que había objetado los traslados de esos tres jueces sumado al de otros siete durante el macrismo.
En medio de una gran expectativa y de cruces entre el oficialismo y la oposición sobre el tema, se espera que la decisión de la Corte Suprema sobre el fondo no se dilate mucho ya que, al haber aceptado el per saltum, acortó los plazos.
Los jueces Bertuzzi, Buglia y Castelli habían investigado a la ex presidenta Cristina Kirchner y actualmente están de licencia a la espera del fallo judicial sobre la cuestión de fondo.
Los magistrados removidos habían acudido al máximo tribunal para mantenerse en los cargos a los que arribaron durante la gestión de Cambiemos, luego de que el actual oficialismo los desplazara por decreto para que vuelvan a los cargos que ocupaban en 2017 y 2018.