ANKARA, 18 (AFP-NA). - El gobierno turco amenazó el lunes con recurrir al ejército para acallar las protestas contra el gobierno que agitan al país desde hace más de dos semanas, y cuando dos importantes sindicatos convocaron a una huelga general para apoyar a los manifestantes. 

Al día siguiente de la demostración de fuerza del primer ministro Recep Tayyip Erdogan que reunió a más de 100.000 personas, su viceprimer ministro Bulent Arinç endureció el tono anunciando la posibilidad de movilizar a las Fuerzas Armadas para que regrese la tranquilidad a las calles. 

Las Fuerzas Armadas de Turquía, guardianas autoproclamadas del laicismo, intervinieron regularmente en la vida política turca durante el siglo XX. Erdogan logró controlarlas a través de varias purgas y un juicio que diezmó a la jerarquía uniformada.

La advertencia del gobierno se produce luego de que la Confederación Sindical de Obreros Revolucionarios (DISK) y la Confederación Sindical de empleados del sector público (KESK) decidieran sumarse a las protestas. Como ya lo hicieron el 5 de junio pasado, estas dos organizaciones consideradas de izquierda lanzaron un llamado a la huelga y previeron manifestar el lunes en dirección de la plaza Taksim de Estambul, epicentro de las protestas.

La plaza fue desalojada por la policía el sábado por la noche, y permanece cercada por las fuerzas de la policía. El domingo la policía se abocó a repeler a los manifestantes que intentaban acercarse a la plaza.

Como respuesta a este nuevo desafío de los sindicatos el gobierno turco, que enfrenta su peor ola de protestas desde que llegó al poder en 2002, amenazó con reprimir los desfiles sindicales del lunes. El ministro del Interior, Muammer Güler, declaró la huelga como "ilegal".

PRESION EUROPEA

La presión sobre Erdogan viene también de sus vecinos europeos. La represión es "demasiado dura", declaró la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, en una entrevista que el canal de televisión RTL tenía previsto difundir anoche. La ola de protestas se propagó a todo el país cuando la policía desalojó el 31 de mayo a centenares de ecologistas que protestaban contra la destrucción anunciada del parque Gezi y de sus 600 plátanos.

El movimiento tomó rápidamente otra dimensión y apuntó directamente a Erdogan, acusado de autoritarismo y de querer islamizar a un país de 76 millones de habitantes con profundas raíces laicas mediante leyes que prohíben la venta de alcohol o autorizan el velo islámico en las universidades.