Por Guillermo Briggiler
En los últimos meses, el Gobierno argentino ha implementado un plan económico dividido en fases, cada una con objetivos claros para abordar los problemas estructurales de la economía. Este enfoque por etapas no solo es relevante a nivel nacional, sino que también ofrece una oportunidad para reflexionar sobre cómo familias y empresas pueden gestionar su economía en el mismo contexto.
La primera fase consiste en el ordenamiento fiscal. Cuando el Gobierno prioriza el ordenamiento fiscal, lo hace mediante medidas como la reducción de subsidios, la simplificación tributaria y el control del gasto público. En paralelo, las familias y empresas debemos, hacer y revisar nuestros presupuestos, identificando ingresos y gastos fijos, eliminando o reduciendo aquellos no esenciales. También reducir deudas, enfocándonos en pagar las obligaciones más costosas o renegociarlas. Recordemos que, al cubrir el gasto fiscal con emisión monetaria, nos dejaba inflación que tapaba errores de presupuesto, también nos dejaba tasas altas en el endeudamiento. Y por último ahorrar, es decir crear un fondo de emergencia que permita afrontar imprevistos sin comprometer la estabilidad. Al igual que el Estado busca credibilidad fiscal, una familia o empresa debe ganar confianza en su capacidad de gestionar recursos de manera eficiente.
En la segunda fase del plan económico, el Gobierno se concentró en la lucha contra la inflación. Y cuando el Gobierno combate la inflación, lo hace con medidas como la política monetaria restrictiva, acuerdos de precios y salarios, y apertura comercial gradual. En este contexto, las familias y empresas deberíamos, armar presupuestos ajustables, prepararnos para posibles incrementos en los costos y evaluar alternativas más económicas, como reemplazar productos por otros. Si es posible, negociar acuerdos como el alquiler y buscar contratos fijos con proveedores o acuerdos salariales en el caso de poseer empleados. Es importantísimo en esta instancia diversificar ingresos, buscando ampliar las fuentes de recursos, tratar de no depender de un solo producto o un solo empleo en el caso de las familias. En esta etapa, mantener expectativas realistas es fundamental.
Actualmente se dio inicio a la fase 3, la liberalización cambiaria. Cuando el Gobierno flexibiliza el mercado cambiario, busca estabilidad y competitividad mediante la competencia de monedas, el levantamiento gradual del cepo y la implementación de un crawling peg (micro devaluaciones mensuales). En esta etapa, las empresas deberán evaluar opciones de inversión, diversificar ahorros en distintas monedas o activos que protejan su valor en el tiempo. Utilizar billeteras virtuales, aperturar cuentas en moneda extranjera y evaluar en qué moneda será mejor pagar, realizar contratos o endeudarse. Esto último dado que los contratos pueden realizarse ahora en cualquier bien o moneda.
Pasada esta etapa entraremos en la fase 4. Aunque esta instancia es aún hipotética, el Gobierno planea cambios estructurales como la reforma laboral, la desregulación de mercados y la profundización de las exportaciones. Las familias y empresas pueden anticiparse mediante inversión en educación y tecnología, priorizando el desarrollo de competencias y habilidades que aumenten su competitividad. Optimizar procesos, esto es simplificar trámites y automatizar tareas para ser más eficientes. Y por supuesto planificar a largo plazo, estableciendo metas claras y sostenibles que alineen recursos con objetivos futuros.
El plan económico del Gobierno no solo traza un camino para la estabilidad nacional, sino que también ofrece una lección valiosa para la gestión personal y empresarial. Así como el éxito del plan depende de su implementación efectiva y del consenso social (que veremos este año en las urnas), la sostenibilidad de las finanzas familiares y corporativas radica en la disciplina, la adaptabilidad y la capacidad de proyectarse hacia el futuro.
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