El 28 de octubre de 2010 fue promulgada la Ley de Glaciares -la misma que en 2008 la presidenta Cristina Fernández había vetado-, pero desde entonces su aplicación viene siendo demorada. Es que inicialmente fue la empresa Barrick Gold la que logró frenar su implementación práctica a través de una instancia judicial, y luego que la misma Corte Suprema de Justicia ratificara la vigencia de la ley, es el propio Gobierno el que dilata la ejecución de la misma.
En ese momento se dispuso realizar en un plazo de 180 días un relevamiento de los glaciares, designando al Instituto Argentino de Glaciología y Nivología (IANIGLA), con asiento en Mendoza, para que se haga cargo del mismo. Sin embargo, más de 28 meses después el organismo no ofrece ninguna clase de explicaciones sobre las razones por las cuales aún no se ha podido concretar ese inventario, lo cual demás está decirlo, les permite a las empresas mineras continuar operando libremente, casi sin ninguna clase de controles, por supuesto, contradiciendo las leyes aprobadas por el Congreso.
De acuerdo con fuentes legislativas, para este año 2013 no se cuentan con los recursos asignados para realizar el relevamiento, por lo cual la aplicación de la ley es probable que seguirá aguardando durante mucho tiempo, tal vez cuando en muchos casos la situación sea irreversible.
El trabajo que debe realizar el IANIGLA no es sencillo, pues debe relevar nada menos que 11 provincias y casi 4.000 kilómetros de cordillera en donde se encuentran los glaciares. Para eso se necesitan vehículos, equipamiento, personal de alta especialización y respaldo tecnológico, lo cual significa disponer de una importante suma de recursos, los cuales no son provistos por el gobierno a través de la vía legislativa que controla, quedando en claro que aún contra las leyes dispuestas por el Congreso, el Gobierno sigue actuando a su gusto en el caso de la minería, a pesar de la creciente oposición popular, la cual generó importantes movilizaciones en varias provincias, adquiriendo destacado valor la lucha por el cerro Famatina.
El IANIGLA es un organismo dependiente del CONICET, en el cual participan además la Universidad de Cuyo y los gobiernos de Mendoza y San Juan, quien se transformó en clave para poder llevar adelante el cumplimiento de la Ley de Glaciares, pero que queda visto no tiene la voluntad necesaria de hacerlo, ni tampoco los recursos indispensables que el Gobierno le retacea.
Una alternativa que se comenta, y ojalá no llegue a concretarse, es que podría llegar a habilitarse a las provincias para que ellas mismas hagan los relevamientos, con lo cual sería algo así como aquello tan viejo de poner el gallinero al cuidado del zorro. Para colmo, y según lo dejan trascender especialistas que siguen de cerca el tema, podría existir mucha cercanía entre miembros del Instituto y las empresas mineras, lo que terminaría por dejar al descubierto -si es que alguna duda aún existe- la manipulación que se ha venido haciendo con el tema de la minería, para eludir controles y normas legales que tratan de preservar el cuidado de nuestro territorio, tanto en su destrucción como en sus reservas de agua dulce.
Un par de semanas atrás se conoció el resultado de una auditoría realizada por el Departamento de Hidráulica de San Juan, el cual señalaba que "las mineras no afectan a los glaciares". Una situación que no sólo recibió un generalizado repudio de las organizaciones ambientalistas, sino que además fue calificado de ridículo, pues contradice a los propios informes de impacto ambiental que oportunamente fueron presentados por la empresa de las minas Veladero y Pascua Lama, que admitían la afectación de glaciares y del ambiente periglacial como un hecho cierto. Concretamente, en el caso de la última mina mencionada, de Barrick Gold, se admite la afectación de 300 hectáreas de suelo congelado que está protegido por la Ley de Glaciares.
Queda claro, que lo que las mismas mineras admiten -aunque prometen solucionar-, es rechazado por el Departamento de Hidráulica sanjuanino, quedando claramente en evidencia que son en este caso más papistas que el Papa, con lo cual de llegar a ponerse en sus manos el relevamiento, desde ya podrían irse anticipando los resultados. Lo cierto es que, a pesar de la vigencia de las leyes, nada se ha hecho hasta ahora por la preservación de los mismos.