Por Almudena Martínez-Bordiú
CIUDAD DEL VATICANO, 10 (ACI PRENSA).-El Gobierno de Giorgia Meloni, presidente del Consejo de Ministros de Italia, ha propuesto el Proyecto de Ley de “Renta de Maternidad” para ayudar económicamente a las mujeres que rechacen el aborto.
Esta iniciativa, impulsada desde Forza Italia de la mano del político Maurizio Gasparri, ofrece una ayuda de 1.000 euros durante cinco años a las mujeres italianas que decidan seguir adelante con su embarazo a pesar de sus dificultades económicas.
El proyecto pretende reducir los abortos motivados por las condiciones económicas de las madres bajo el amparo del artículo 5 de la ley italiana 194.
Gasparri precisó que se trata de un apoyo “no solamente moral, sino también económico” a las mujeres que deciden no terminar con la vida de sus hijos en el vientre materno. “¡Defendamos la vida!”, escribió en su perfil de la red social X al anunciar la medida.
Asimismo, la propuesta -que será presentada la semana que viene- prevé un aumento de 50 euros al mes a partir del segundo hijo y 100 euros hasta los 18 años en caso de que el hijo tenga una discapacidad.
Para su financiación, se creará un fondo de ingresos por maternidad con 600 millones de euros anuales a partir de este año y las madres que deseen solicitarlo deberán tener un Indicador de Situación Económica Equivalente (ISEE) inferior a 15.000 euros y ser ciudadanas italianas residentes en el país.
Cabe recordar que Giorgia Meloni aprobó un paquete de medidas para frenar el aborto en el país el pasado mes de abril.
Entres estas medidas, el Parlamento italiano permitió a los voluntarios de asociaciones provida el acceso a centros abortivos para garantizar asistencia a las madres que desean abortar a sus hijos no nacidos.
El aborto se legalizó en Italia en el año 1978, en virtud de la Ley 194, una ley que Meloni se ha comprometido a no cambiar, aunque afirma que sus medidas provida pretenden “garantizar a las mujeres la posibilidad de elegir una alternativa, ofreciendo un papel activo de las instituciones públicas con el fin de remover las causas económicas que pueden empujar a una mujer a abortar”.