En el último tramo de la campaña electoral antes de estas elecciones primarias que se realizan hoy en la Argentina, subió la temperatura del debate político en torno al sistema de escrutinio provisorio, en particular a los cambios incorporados en el envío de los telegramas de los resultados registrados en cada uno de los centros de votación hacia los centros de cómputos donde se cargan, precisamente, la información que contienen. Este cruce entre el Gobierno nacional y los dos principales frentes electorales opositores no hizo más que generan sospechas y cubren de sombras el proceso electoral, afectando en cierta medida la salud institucional y de la democracia misma. Y si bien es responsabilidad del Poder Ejecutivo organizar las elecciones y los sistemas de escrutinio, no estaría mal que las principales fuerzas políticas participen en el diseño de esos procesos, algo así como ponerse de acuerdo de antemano sobre las reglas de juego que rigen la competencia electoral.
En este marco, hace apenas tres días la Cámara Nacional Electoral pidió al Gobierno que adopte las medidas solicitadas por la oposición para garantizar la transparencia del escrutinio provisorio de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La resolución del tribunal atendió el planteo hecho por el Frente de Todos y Consenso Federal que cuestionaron varios elementos del nuevo sistema de digitalización de telegramas y transmisión de resultados.
En una nueva acordada, la Cámara resolvió hacer saber al Correo Oficial de la República Argentina y a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, que deberán arbitrar los medios para asegurar, como mínimo, las instancias de fiscalización del recuento provisional de resultados pedidas por los apoderados de los frentes opositores. Entre esas medidas, el tribunal le pidió al Correo y la Dirección Nacional Electoral que arbitren un mecanismo de acreditación previa de los fiscales partidarios autorizados a presenciar el escaneo y transmisión desde los establecimientos de votación.
Asimismo, solicitó que en cada centro de transmisión se coloquen, en lugares visibles, afiches informativos que describan claramente cada uno de los pasos necesarios para el escaneo y la transmisión de los telegramas desde los establecimientos de votación. La Cámara advirtió además que se deberá garantizar a las agrupaciones políticas contendientes una herramienta o acceso que les permita efectuar un seguimiento en tiempo real de los
telegramas correspondientes a cada distrito, conociendo el estado de carga de los mismos, los datos cargados al sistema y la posibilidad de visualización de la imagen escaneada de cada uno. En este punto, los jueces contemplaron los reparos que manifestó el apoderado del PJ/Frente de Todos, Jorge Landau, frente a la conversión de los archivos de imagen obtenidos a partir del escaneo de los telegramas. Al respecto, el tribunal señaló que la Dirección Electoral deberá asegurar que las agrupaciones políticas cuenten con los mecanismos o el acceso a la información suficiente que permita comprobar la integridad e inalterabilidad del archivo y la trazabilidad del documento desde su escaneo hasta su puesta a disposición para la carga por parte de los agentes responsables de esa tarea. Respecto de la verificación de la puesta en cero de la base de datos del sistema de totalización de resultados, la resolución indicó que es indispensable que la Dirección Nacional Electoral y el Correo Oficial prevean, documenten e informen dicho procedimiento, que deberá ser público y con posibilidad de participación de los representantes partidarios con aptitud técnica específica, esto es fiscales informáticos o tecnológicos.
Otro punto de la resolución de la Cámara es que hizo saber a los juzgados federales con competencia electoral y a los partidos que no existe impedimento alguno para que los fiscales partidarios acreditados en cada mesa de votación obtengan fotografías de la documentación de escrutinio de mesa, siempre que ello no altere, dificulte o demore el normal funcionamiento de la mesa de votación.
Por otra parte, la acordada de la Cámara subrayó que pese a reiterados requerimientos de ese tribunal el escrutinio provisorio continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional sin participación alguna de la justicia nacional electoral. Esto es un hecho que el tribunal viene criticando desde hace tiempo y más allá de la filiación partidaria del Gobierno de turno, dado que los jueces consideran que esa circunstancia constituye un factor de descrédito del escrutinio provisorio que genera dudas sobre la integridad de ese procedimiento. Según explicó, esto se debe al que la autoridad a quien se encomienda la realización del recuento provisional se encuentra bajo la exclusiva responsabilidad de una de las partes interesadas en su resultado. A pesar de esta queja, ni en anteriores administraciones ni en la actual se han adoptado acciones concretas y eficaces tendientes a su transferencia a un organismo sin dependencia directa del Poder Ejecutivo Nacional.
De todos modos, al tratarse de la política y estar en juego tanto poder, detrás de cada acción siempre parece haber intereses visibles y otros que no lo son. Más allá, queda esperar que el comicio sea normal. Con eso basta.