El Programa Fútbol Para Todos (FPT), que en la práctica significó la transmisión de los partidos a través de canales de la televisión abierta en el marco de un sistema administrado por el Gobierno nacional, es una moneda con dos caras bien marcadas, una positiva y la otra negativa. Por un lado, se destaca que permitió a miles de argentinos poder ver el deporte más popular sin la necesidad de abonarse a un operador de TV por cable, principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, por lo que desde el oficialismo han llegado incluso a interpretar que se trató de la democratización del fútbol. De todos modos, esta apreciación es relativa en el interior y en ciudades como Rafaela, donde es necesario ser cliente de una empresa de cable para acceder a toda la grilla de partidos. Por el otro lado, mantener semejante Programa sin cobrarle a nadie tiene su precio: el Estado nacional debe invertir una gran suma de dinero público para cubrir los gastos operativos pagar los derechos de televisión a los clubes, para lo cual la AFA cumple un rol central. 

La cuestión es que se deben asignar partidas cada vez más importantes para un Programa sin que se realicen los controles correspondientes, dejando espacio para los negociados o los privilegios en las contrataciones de empresas para que presten los servicios que el sistema requiere.

En tiempos electorales, este tipo de políticas populistas, y esto no significa una condena, no puede evitar ingresar a la agenda de campaña y es materia de debate, principalmente al estar floja de papeles. La duda que ahora comienza a tomar forma en el colectivo de la patria futbolera es qué harán los candidatos de la oposición con este Programa, si lo mantendrán a cualquier precio el mismo sistema o buscarán una privatización y fuentes de financiamiento en el sector privado que ayuden a sustentar el modelo del negocio. Hay que recordar que en la actualidad mirar fútbol implica, en el entretiempo, una sucesión de avisos sobre las políticas del Gobierno nacional, es decir la publicidad estatal tiene exclusividad y los privados no tienen la posibilidad de pautar. 

La polémica que se actualiza de tanto en tanto volvió a primer plano estos días con la difusión de un preinforme de la Auditoría General de la Nación (AGN), que está bajo la órbita del radical Leandro Despouy, en el que se desnudan maniobras financieras que poco se ajustan a las reglas de administración de la cosa pública, desde reformulación de contratos en forma unilateral hasta pagos en especie, configurando procedimientos pocos transparentes que alimentan sospechas sobre el uso discrecional de los fondos públicos. 

La jueza federal, María Romilda Servini de Cubría recibió este informe de auditoría para profundizar la investigación por diversas irregularidades del Programa, iniciada el año pasado a partir de una denuncia impulsada por la legisladora porteña Graciela Ocaña. El Gobierno nacional, que no es afecto a ser controlado, no colabora demasiado en esta causa al demorar el envío de la información requerida a la Auditoría General, que espera nuevos datos por parte de la Jefatura de Gabinete para dar por cerrado el documento.

Según publicó ayer el portal Infobae, que accedió a las 60 carillas del informe del organismo de control, el contrato entre la Jefatura de Gabinete y la Asociación del Fútbol Argentino, celebrado el 20 de agosto del 2009, fue concebido para la televisación abierta y gratuita de todos los partidos de los torneos de fútbol de primera división organizados por la AFA, con una vigencia contractual de cesión por 10 años.

De acuerdo al informe de la Auditoría que aún debe ser refrendado por el colegio de auditores, los fondos devengados al FPT desde el inicio, en agosto del 2009, hasta el cierre del ejercicio 2012 totalizaron 2.967.556.300,12 pesos, según la ejecución presupuestaria. Asimismo, el programa cuenta con 63 personas contratadas, y no posee Servicio Administrativo Financiero propio por lo que "la administración de los fondos y recursos se originan en partidas presupuestarias gestionadas por la Jefatura de Gabinete".

Para la AGN, el contrato "mediante el cual la Jefatura de Gabinete de Ministros adquirió los derechos de explotación de las imágenes y/o sonidos de los encuentros de los torneos de fútbol realizados por AFA no fue tramitado conforme las prescripciones del 'Reglamento para la adquisición, enajenación y contratación de bienes y servicios del Estado Nacional'".

Pagos a prestadores de servicios mediante la modalidad de legítimo abono, un artilugio excepcional que permite contratar en forma directa sin previa licitación fue otro de los puntos cuestionados. Otra irregularidad detectada es que "los pagos realizados a AFA desde el inicio de la relación contractual hasta el mes de abril del 2012 se realizaron sin la correspondiente emisión de factura por parte de esta Asociación" y que "recién con los pagos realizados a partir de mayo del 2012 AFA procede a entregar facturas".