De un lado y otro de la célebre grieta nacional y popular sobran los ejemplos de funcionarios que muy lejos están de dar el ejemplo de transparencia, ética y rectitud en el ejercicio de la función pública. Esta semana se sumó a esa triste lista el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, al revelarse que vive en una mansión de tres plantas ubicada en el recoleto barrio Belgrano de la Ciudad de Buenos Aires, aunque está declarado como un simple baldío y tributa como tal ante el Gobierno de la Capital. 

El economista y ex conductor de un programa de televisión en la señal de cable Todo Noticias (TN) asumió como funcionario público el 2 de enero de 2017. A los problemas con los que debe lidiar en su trabajo en la cartera económica de un país en crisis ahora le agrega dolores de cabeza causados por decisiones de su vida personal -y patrimonial- tomadas antes de aceptar un cargo en el Estado. 

A mediados de abril pasado, la revista Noticias reveló que Dujovne ingresó al programa de blanqueo de capitales antes de ser designado por el presidente Mauricio Macri en reemplazo de Alfonso Prat Gay. Según la investigación periodística, el ministro habría blanqueado 20 millones  de pesos mediante una empresa llamada "Florentine Global". Además, indicó que la cifra blanqueada podría tener origen en una evasión fiscal.

El funcionario evitó hacer declaraciones formales ante esta denuncia, al igual que esta semana cuando se convirtió otra vez en protagonista de un escándalo: en su edición dominical el diario Tiempo Argentino reveló que vive en un baldío o en realidad en una mansión que figura como terreno descampado en los registros del Gobierno porteño, por lo cual paga una cifra sustancialmente menor a la que debería abonar. En ese terreno supuestamente baldío ofreció un almuerzo de alto nivel a la directora del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde cuando estuvo en el país a mediados de marzo.

Por ahora Dujovne, muy ocupado en comandar el ajuste de la economía y en particular en el Estado con la premisa de reducir el déficit de las cuentas públicas tal como lo ordenó el Fondo Monetario Internacional para avanzar en el salvataje otorgado a la Argentina por 50 mil millones de dólares, no utilizó su derecho de réplica ni se esforzó demasiado en dar aclaraciones que alejen sospechas sobre acciones reñidas con la moral. 

Apenas deslizó, a través de sus voceros, que inició el trámite en más de una oportunidad para declarar su costosa propiedad ante los organismos correspondientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, por distintos "errores" -u omisiones quizás- de empleados o funcionarios porteños el trámite nunca se completó por tanto el estatus de baldío nunca se modificó. Es decir, la responsabilidad ciudadana brilla por su ausencia y la culpa es del otro, en este caso del impersonal Gobierno administrado por el PRO. 

Uno de sus antecesores, Amado Boudou, había declarado vivir en una dirección de Mar del Plata donde en realidad no había ninguna vivienda sino un médano, una reprochable decisión que evidencia su estatura moral. 

El Código de Etica de la Función Pública  sostiene que el fin de la función pública es el bien común, ordenado por las disposiciones de la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados por la Nación y las normas destinadas a su regulación. Resalta que el funcionario público tiene el deber primario de lealtad con su país a través de las instituciones democráticas de gobierno, con prioridad a sus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones de cualquier naturaleza.

El decreto 41 del año 1999 publicado en el Boletín Oficial establecía que el funcionario público debe actuar con rectitud y honradez, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona. Además, señala que el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad. Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores.

Numerosos son los ex funcionarios del gobierno nacional que lideró Cristina Fernández de Kirchner hasta diciembre de 2015 que se encuentran en la cárcel por hechos de corrupción. El caso emblemático de José López, cuyo juicio comenzó esta semana, ilustra en cuerpo entero cuando un funcionario aprovecha el Estado para enriquecerse. 

Lo de Dujovne flaco favor le hace al tan ponderado discurso del cambio que se impuso en los últimos años a partir del recambio de gobierno, basado en una lógica que podría resumirse así: "los que se fueron eran corruptos y nosotros no". Así, pareciera que ese discurso sobre transparencia se acomoda según las circunstancias y de quien sea el protagonista de la historia.