Esta tarde, desde la hora 17 familiares y amigos de Leonardo Gallegos -un DJ de 40 años muerto tras recibir dos balazos al ser atacado arteramente por un sujeto que todavía sigue sin ser detenido por la Policía, cuando se hallaba dentro de su casa en la noche del pasado jueves 22 de abril-, llevarán a cabo una denominada "marcha del silencio" con la finalidad de pedir justicia por el homicidio.
Lugar de concentración será el frente de la Municipalidad de Frontera, y la convocatoria es realizada a través de redes sociales con una invitación tal como lo muestra la imagen que acompaña esta nota.

MARCHA ANTERIOR
Se memora que en anterior jornada fueron cerca de 200 los convocados frente al organismo antes mencionado, partiendo desde allí hasta la ruta nacional 19 donde se procedió al corte del tránsito de la misma, a la vez que se dio a conocer el malestar y preocupación de gran parte de la ciudadanía ante la falta de respuesta de la Justicia, en cuanto al esclarecimiento de la muerte de quien era sumamente apreciado por los vecinos.

VARIOS SOSPECHOSOS
Desde un primer momento, desde el seno familiar de la víctima se deslizó la seguridad de que quien resultó autor del homicidio es un sujeto que cuenta con antecedentes policiales, y lazos familiares con una importante figura de la vida política de Frontera, quien habría usurpado una vivienda de Gallegos, por lo que este la venía reclamando casi a diario.
Por otra parte, otra versión dio cuenta de que dos sujetos se movilizaban en una moto, y que uno descendió y llamó a la puerta de la casa habitaba por el disc jockey.
Y cuando este a apareció el recién llegado le disparó en dos ocasiones, impactado un balazo en el torax y el estante en el rostro de quien finalmente falleció horas después, cuando era asistido en un Hospital de la ciudad de Córdoba.

N. de R.: se recuerda lo que cita el artículo 239 de un DNU emitido oportunamente por el Gobierno nacional, en el contexto de un aislamiento preventivo y obligatorio en lo que se denomina cuarentena por el coronavirus.
En un párrafo se determina que "será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones, o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".