Tanto se ha debatido en torno a la necesidad de crear mecanismos de transparencia y control del financiamiento de las campañas electorales en la Argentina que poco o nada se ha avanzado. La problemática no parece haber avanzado mucho más allá de la dialéctica y de las buenas intenciones, pero el 2019 se instaló con sus elecciones a cuestas y no se han adoptado medidas que permitan ajustar las clavijas en el origen de los recursos que la política utiliza para financiar sus actividades, es decir de dónde viene la plata que gastan los políticos. 

Un ejemplo concreto: de dónde salió el dinero que gastaron los dirigentes de Alternativa Federal para reunirse a principios de esta semana en Mar del Plata. ¿De sus bolsillos o de los viáticos de sus actuales cargos que ocupan en las estructuras del Estado? En las últimas semanas, el gobernador de Santa Fe se trasladó sistemáticamente a la Ciudad de Buenos Aires para mantener reuniones políticas y conceder entrevistas a medios de comunicación nacionales a fin de instalar una nueva alternativa progresista en el marco de la campaña electoral, más allá de que pueda ser consultado por asuntos de su gestión en esta Provincia. El interrogante es de qué caja salen los fondos para pagar aunque sea la nafta -que ahora cuesta y bastante- de esos viajes, ¿del partido Socialista o del tesoro estatal?.

El sitio Chequeado centró su análisis en el hecho de que un grupo de organizaciones publicaron el último fin de semana una solicitada en la que llamaron al Congreso a que reforme la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos de cara a las elecciones presidenciales de este año. Asimismo, solicitaron que los aportantes contribuyan únicamente con dinero bancarizado, es decir que no puedan hacer donaciones en efectivo como viene ocurriendo hasta hoy. También reclamaron a las empresas que no excedan los límites de aportes establecidos por ley.

En su artículo, el portal señaló que la solicitada fue elaborada por la Red de Acción Política, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y Poder Ciudadano. En la nota se señala que el actual régimen de financiamiento "no está funcionando, que "el dinero circula en efectivo", que "los oficialismos nacionales y provinciales utilizan recursos públicos para las campañas" y que "las rendiciones de los partidos son inconsistentes y las sanciones llegan tarde".

En relación a este último punto, la Justicia electoral rechazó las rendiciones de la mayoría de las alianzas que participaron en las elecciones presidenciales de 2015 remarca Chequeado.com lo cual irrita aún más que decenas de políticos y funcionarios hoy alcen las banderas de la transparencia cuando no pueden rendir honestamente lo que hicieron para costear sus campañas hace dos años. 

Recuerda el documento que en julio de 2017 la jueza porteña con competencia electoral María Servini de Cubría, desaprobó los informes financieros de campaña de Cambiemos (que llevó como candidato a presidente a Mauricio Macri), el Frente para la Victoria (Daniel Scioli), Unidos por una Nueva Alternativa (Sergio Massa) y Compromiso Federal (Adolfo Rodríguez Sáa). Los únicos aprobadas fueron los del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (Nicolás Del Caño) y Progresistas (Margarita Stolbizer), muy poco en un país signado por la corrupción y la falta de transparencia en las últimas décadas.

En tanto, la Cámara Nacional Electoral dispuso meses más tarde que se profundizara la investigación y las rendiciones están nuevamente en manos de Servini. En este sentido, esta semana la Cámara Federal porteña apartó al juez federal Sebastián Casanello de la causa en la que se investigan posibles delitos en los aportes a la campaña presidencial de 2015 de Macri. El expediente se originó a partir de una denuncia de Stolbizer y se investigan incompatibilidades con la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Específicamente, los aportes que recibió Cambiemos en 2015 de parte de empresas concesionarias de servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires y las donaciones encubiertas de empresas a través de sus directivos, como reveló una investigación de Chequeado en 2016.

Al respecto, el fallo del camarista Martín Irurzun señaló que Casanello siguió un "sendero errático" que "no sólo ha aportado aún más confusión al trámite de este proceso sino también al de aquellos que se encuentran en conocimiento de la jurisdicción provincial", en referencia a las causas que tramitan en la Justicia federal de La Plata. Por eso, dispuso que la causa sea sorteada nuevamente y sea otro juez del fuero Criminal y Correccional Federal el que la investigue. El juez se opuso a la decisión adoptada por la Cámara pero el sorteo determinó que será el juez federal Luis Rodríguez quien instruya este expediente. Precisamente el magistrado denunciado por Carolina Pochetti, la viuda de Daniel Muñoz, por haber cobrado una coima millonaria para frenar la investigación sobre los más de 70 millones de dólares que, según se investiga en la causa, el ex secretario de Néstor Kirchner y otros testaferros habrían movido al extranjero.