BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente Alberto Fernández aclaró ayer que la intervención de Vicentín es "excepcional", ya que no tiene intención de avanzar con otras firmas, y negó que la vicepresidenta Cristina Kirchner haya influido en la decisión, en medio del rechazo de gran parte del empresariado y de referentes opositores.
El día después del anuncio oficial sobre la intervención de Vicentín y el envío al Congreso de un proyecto para expropiar al endeudado gigante agroindustrial, el jefe de Estado salió a justificar la resolución y enumeró los motivos que lo llevaron a esa decisión.
En paralelo, debió enfrentar críticas de todo el arco opositor pero también recibir "fuego amigo", como los cuestionamientos lanzado por el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, quien dijo que el Presidente no tiene facultades para hacerlo, y de Roberto Lavagna, quien advirtió que "hace años se habló de soberanía energética y las cosas no salieron bien".
La propia familia Vicentín emitió un comunicado donde rechazó la medida y adelantó que accionará judicialmente, mientras por la tarde hubo una manifestación para protestar por la intervención y posible expropiación -ver pág. 4-.
Al mediodía, una delegación encabezada por el subinterventor Luciano Zarich se trasladó al Juzgado Civil y Comercial de la 2° Nominación de Reconquista a cargo de Fabián Lorenzini para notificarlo del decreto presidencial.
Desde el sector empresarial, los rechazos no sólo surgieron desde las cámaras vinculadas al sector ruralista como SRA y Carbap, sino también a rubros relacionados con el comercio, las finanzas y la producción industrial.
En ese contexto, el grupo que representa a las entidades financieras que tienen acreencias por más de 500 millones de dólares con la exportadora pidió al gobierno iniciar "un diálogo constructivo" para darle solución al problema financiero de la compañía.
Este comité está formado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.
La firma se encuentra en medio de un proceso judicial de convocatoria de acreedores luego de declarar en diciembre que no podía hacer frente a obligaciones por más de 1.350 millones de dólares.

"FUE UNA DECISIÓN MÍA"
"La intervención de Vicentín fue una decisión mía, no de Cristina Kirchner", aclaró el Presidente, con cierto tono de queja. Luego, remarcó: "Nadie puede pensar que tenemos como política quedarnos con las empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso. La medida sobre Vicentín es algo absolutamente excepcional".
Señaló que "empezaron a llegarme emisarios de esos que siempre aparecen proponiéndome hablar con los dueños de Vicentín para encontrar una solución y me pareció que eso sólo enturbiaba la decisión que nosotros queríamos tomar".
El jefe de Estado consideró también que la situación financiera de la empresa agroexportadora "no se estaba atendiendo adecuadamente y era difícil explicar por qué se habían endeudado de ese modo".
"Nos venía pareciendo que esto podía terminar resolviéndose con una compra a bajo precio de parte de una de las multinacionales que ya existen", dijo el mandatario.
Indicó que eso no le parecía bien a su gobierno porque "significaba que la Argentina perdía un operador muy importante en manos de esa trasnacionalización".
Por ello, se puso a trabajar con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, dado que la empresa nació y está radicada en esa provincia.
Luego de iniciar ese trabajo tuvo un planteo el Presidente por parte de la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti para avanzar con la expropiación de la compañía, que también tiene negocios en la provincia cuyana.
"Vicentín es una empresa muy importante de la exportación de granos, tiene el 13% del mercado. Es una empresa argentina en un mercado que se trasnacionaliza permanentemente de un modo preocupante para nosotros teniendo en cuenta la incidencia que tiene todo el mercado cerealero en la economía argentina", dijo Fernández en declaraciones a radio Con Vos.
El Presidente indicó que la empresa tenía un problema creciente que comenzó siendo financiero y terminó dejando a más de 2.600 productores varados, porque entregaron sus granos y no recibieron la compensación en pesos, lo que generaba una serie de conflictos en la provincia de Santa Fe.
"Vicentín tomó créditos con Bancos como el Nación, el Provincia, el Ciudad y el BICE", precisó el Presidente.
Fernández aseguró que esta vez no se avanzará con la lógica del Estado que expropia y pone un político al frente sino con la idea de que sea gerenciada con la característica que tiene una compañía como YPF, que es de capitales mixtos, que tiene el rigor de una empresa de mercado que cotiza en Nueva York.