De todas las promesas comprometidas en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, aquellas relacionadas con la economía de los ciudadanos serán las prioritarias para determinar, en su momento, si el Gobierno de coalición se corresponde con las expectativas generadas en una parte importante de la población.

Ello porque de su lectura se desprende la clara prioridad de los coaligados para restañar las heridas causadas por la Gran Recesión en las capas más vulnerables, en materia de empleo, devaluación salarial, servicios públicos y precariedad.

Tanto las medidas incorporadas al acuerdo como las palabras del presidente en su investidura hubieran precisado de una memoria económica para analizar con rigor sus contenidos concretos, prioridades y el tiempo de implantación.

Esa memoria será de facto los primeros Presupuestos que se presenten, dado que los que están vigentes desde el pasado 1 de enero siguen siendo los de Cristóbal Montoro, prorrogados una y otra vez, y que se corresponden con otra coyuntura muy diferente de la actual.

Hay tres vectores tirando en direcciones distintas (no necesariamente opuestas) en la política económica que habrá de aplicar el nuevo Consejo de Ministros: los gastos comprometidos con sus electores, los ingresos públicos con los que hacerles frente y las recomendaciones provenientes de Bruselas que, según María Jesús Montero, la ya confirmada ministra de Hacienda y nueva portavoz del Gobierno, "son ineludibles".

Entre los primeros sobresalen, por su cuantía, la promesa de aumentar un punto la inversión en sanidad (del 6% al 7% del PIB) durante la legislatura -la sanidad pública ha sido el capítulo más dolorosamente recortado en la anterior década-, la de subir los recursos públicos en educación y becas en otro punto (del 4% al 5%), en esta ocasión con el horizonte del año 2025; la actualización de las pensiones conforme al IPC real mediante ley, o la creación de un mínimo vital estatal para las capas más desfavorecidas.

Más difícil es concretar el aumento de la recaudación fiscal con las medidas anunciadas, en algunos casos porque dependen de intangibles como la lucha contra el fraude fiscal, o de brindis al sol como son el de estudiar "la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".

Es imposible que la subida del mínimo del impuesto sobre los beneficios empresariales o el incremento de la fiscalidad a los que ganen más de 130.000 euros anuales neutralice suficientemente la subida del gasto público.

A esto hay que añadir el límite europeo. La anterior Comisión exigía a España un recorte de casi 10.000 millones de euros en los próximos Presupuestos, debiendo utilizar nuestro país todas las ganancias inesperadas para reducir la deuda pública (cercana al 100% del PIB).

El contexto se hace más estrecho si se recuerda que el 1 de enero entró en vigor parte de la reforma constitucional del artículo 135, que dice que, a partir de ahora, el Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos en su caso por la UE para sus Estados miembros.

Esta contradicción deberá ser explicada por el Gobierno nada más tomar posesión porque, si no se aclara, determinará su futuro. Bien lo saben los nuevos responsables económicos que, en algunos casos, la han puesto de relieve desde sus anteriores puestos de trabajo. (Fuente: diario "El País" de España).