MADRID, 16 (AFP-NA). - En un contexto de fuerte presión social, el Gobierno español anunció ayer una moratoria de dos años de los deshaucios, un término similar a "desalojo", para los pequeños propietarios endeudados que sean los más vulnerables, una medida de emergencia adoptada ante el aumento de situaciones por la crisis económica. 

Miles de familias puestas en la calle, incapaces de pagar sus deudas a los bancos, más dos pequeños propietarios amenazados de deshaucios que se suicidaron recientemente, causaron viva emoción en España, salpicando una crisis que lleva en sus entrañas una pobreza galopante. 

Desde el año pasado, las acciones puntuales de militantes anti-deshaucios llegaron a bloquear o demorar un centenar de desalojos en todo el país. Pero las cifras son alarmantes: 350.000 órdenes de desalojo emitidas desde 2008, el año en que estalló la burbuja inmobiliaria, que hundió a España en la crisis. 

En 2012 su número volvió a aumentar un 20,6% respecto a un 2011, que ya fue récord. El lunes, los bancos españoles, señalados culpables junto a los poderes públicos, por los militantes encolerizados, anunciaron una moratoria de dos años para los casos extremos. 

El jueves, el gobierno de derecha siguió los pasos, anunciando, "por razones humanitarias" un dispositivo de emergencia a favor de "los grupos más vulnerables", dijo su portavoz, Soraya Saenz de Santamaria. Además de la moratoria de dos años para los desalojos, el gobierno anunció la creación de un "fondo de vivienda social" con alquileres a bajo costo para quienes ya fueron deshauciados. 

No accedió, en cambio, a la exigencia de las asociaciones de anular los créditos de las personas desalojadas, la mayor parte de las cuales, arruinadas, deben seguir pagando los créditos, con los intereses por atrasos. Una campaña lanzada por las asociaciones y sindicatos para pedir la anulación de los créditos y la modificación de la ley ya obtuvo el respaldo de más de 600.000 firmas en todo el país.