Las consecuencias económicas de la pandemia son inconmensurables y la segunda cola de Covid-19 que afecta con gran fuerza a nuestras comunidades nos llevan a un lugar de extrema sensibilidad en la que es necesario darle la máxima prioridad a la vida y lo sanitario, pero buscando una afectación controlada en las actividades productivas y el empleo. El año pasado, al implementarse las primeras cuarentenas, los argentinos estaban dispuestos a resignar ingresos si eso significaba ganar tiempo para preparar el sistema de salud y desacelerar la velocidad de contagios. Pero en este 2021 las circunstancias son diferentes porque aquellas restricciones que se extendieron por meses golpearon profundamente la línea de flotación de las empresas, miles de las cuales debieron cerrar definitivamente sus puertas con el consiguiente impacto negativo en el empleo. Además, como en este país reina la informalidad laboral, la prohibición de circular generó un costo muy significativo en los profesionales, autónomos y trabajadores independientes que cuando no salen a trabajar no tienen ingresos. 

Ahora los casos de Covid están en pleno ascenso con cifras que nos vuelven a asustar, pero los gobernantes no tienen el mismo margen de maniobra que el año pasado porque buena parte de los argentinos no están en condiciones de resignar un peso, ya no tienen ahorros, se endeudaron y encima no pueden esperar casi nada del Gobierno nacional que no cuenta con presupuesto para reactivar programas como el ATP o el IFE. 

Además, opera el descontento social por la mala praxis política vinculada en particular a la gestión de la pandemia. Es que la gente cuestiona la tardanza excesiva que se observa en la campaña de vacunación, que avanza demasiado lento. Las autoridades prometieron vacunas que ahora no aparecen o lo hacen a cuenta gotas, y si bien es una situación que se repite a nivel global, lo cierto es que acá el Presidente se comprometió a conseguir vacunas, hizo anuncios que ahora no puede cumplir. Si a esto se suma la bronca por el vacunatorio vip se entiende la crispación social en alza.

Está claro que la vacunación es condición necesaria pero no suficiente para lidiar con la pandemia de Covid. Y la escasez de vacunas está obligando a recurrir a las mismas herramientas del año pasado, restricciones y/o prohibiciones, barbijos, distancia social.  

La cuestión es que los costos económicos del coronavirus exigen a los estados a aumentar sus gastos e inversión para mantener los servicios de salud y subsidiar actividades económicas. La gran presunta es de dónde surgen los recursos para cubrir esa mayor presión sobre las finanzas públicas. La emisión de billetes es una opción pero quizás no es suficiente. Y en este marco apareció, se aprobó y está en plena implementación el impuesto a las grandes fortunas, cuyo vencimiento opera en los próximos días. 

El debate de este tributo por única vez se politizó al extremo en la Argentina, aunque ahora se asiste a una globalización de esta discusión, a nadie le parece una locura ni nada por el estilo. Así las cosas, la ONU instó a los Gobiernos del mundo a aplicar un impuesto "de solidaridad o a la riqueza" para reducir las desigualdades en la capacidad de combatir el coronavirus y acceder a vacunas, mientras la pandemia.

En Argentina, la Ley N° 27.605 que está vigente desde diciembre último, creó con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario y obligatorio que recae sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, y sobre las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el exterior, respecto de la totalidad de sus bienes en la Argentina. Se trata de personas que tienen un patrimonio superior a los 200 millones de pesos: la ley establece alícuotas diferenciales para el cálculo del aporte a ingresar por los bienes situados en el exterior y exceptúa esta diferenciación cuando se verifique

la repatriación.

La AFIP dispuso que el vencimiento de las obligaciones de presentación de la declaración jurada y el pago del Aporte

Solidario y Extraordinario es el próximo viernes. Pero las personas alcanzadas pueden optar hasta el 28 de abril, inclusive, por realizar un anticipo del 20% de la deuda consolidada e ingresar el saldo resultante en hasta cinco pagos

mensuales y consecutivos. 

Con el incremento de los contagios que se registran actualmente, las autoridades están entre la espada y la pared. Es decir que necesitan tomar decisiones para desacelerar la velocidad del contagio del Covid pero no pueden afectar en demasía a las actividades económicas sin riesgo de alentar rebeldías. Justo ahora que se observa la recuperación de distintos sectores productivos. El estado de ánimo popular ya no soporta restricciones severas. Se trata de un gran desafío para los funcionarios de todos los niveles, pero también para todos los argentinos.