La Cámara Federal porteña ordenó la detención y captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y uno de sus principales dirigentes, Diosdado Cabello, al encontrarlos responsables de un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos de su país.

El histórico fallo también afecta a más de treinta jerarcas y militares chavistas, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas, las de Seguridad, de la Guardia Nacional Bolivariana y agentes de inteligencia que responden al dictador caribeño.

Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia fueron los jueces que decidieron por unanimidad el fallo. Los magistrados accionaron sobre una denuncia radicada sobre la base del principio de jurisdicción universal, el cual permite a los países procesar graves delitos contra los derechos humanos sin importar dónde sean cometidos, la nacionalidad del autor y de la víctima.

Además, se pedirá la presentación de las órdenes de captura ante Interpol para que esta decida si interpone un pedido de alertas rojas. “Las órdenes de captura, con fines de extradición, servirán para que todas aquellas naciones que por motivos ideológicos o económicos aún mantienen posiciones ambivalentes sobre lo que pasa en Venezuela, ya no puedan desentenderse de los graves crímenes de lesa humanidad que el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moros perpetra de manera sistemática para generar terror en la población civil y de esa forma perpetuarse en el poder”, reveló a Clarín el abogado Tomás Farini Duggan.

La causa contra Maduro en Buenos Aires es impulsada por el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), una organización civil liderada por dirigentes políticos del PRO -el partido del expresidente Mauricio Macri-, la Unión Cívica Radical y agrupaciones afines.

Duggan, como abogado patrocinante del FADD, es uno de los impulsores junto al actual ministro de seguridad porteña, Waldo Wolff, de esta segunda etapa de denuncias en la Argentina contra Maduro y los dirigentes chavistas. Aguardan presentarla junto a otra que se hizo desde Argentina y otros países ante la Corte Penal Internacional.

El expediente se abrió en 2023 con una presentación de la Fundación Clooney para la Justicia y, en principio, el juez que recibió la denuncia resolvió que debía archivarse, dado que ya hay una causa en trámite en la Corte Penal Internacional centrada en violaciones a los derechos humanos en Venezuela, promovida por Argentina y otras naciones.

Ante las apelaciones de la fiscalía y la querella, la Cámara Federal porteña ordenó al magistrado que continuase con el expediente. La gravedad de los hechos, entendieron, “obligarían a la habilitación de la protección universal”.

El pedido de detención contra Maduro se concreta en un marco de presión internacional sobre el Gobierno venezolano, denunciado por irregularidades en las últimas elecciones presidenciales. En la búsqueda de posicionarse como líder de la ultraderecha global, el presidente Milei ha tomado la vanguardia de los embates contra su par venezolano. Hace dos semanas, la Casa Rosada instó a la Corte Penal Internacional a ordenar la detención de Maduro “y otros cabecillas del régimen” chavista.