Para la Fiscalía, fueron tres pasos de la maniobra: el armado de una estructura legal de la administración de fondos públicos para obras, con escasos niveles de control; las contrataciones privadas que en el caso comprendieron a Cammesa y Albanesi SA, y a su vez a Odebrecht; y los posibles sobornos pagados por parte de aquellas para acceder a las licitaciones así como pago de sobreprecios.