En nuestra querida pero golpeada Argentina es difícil mantener la capacidad de asombro porque la lógica o el sentido común no suelen imponerse en todos los ámbitos como debería ser. Quizás en el caótico país en el que vivimos el sentido común es el  menos común de los sentidos como dice un juego de palabras que define nuestra cotidianeidad. Aquel antiguo refrán que postula en términos de premios y castigos "el que las hace las paga" no se siempre se cumple en nuestra tierra. La justicia con minúsculas, devaluada, politizada y manipulada que ofrece fallos a la carta a veces con disimulo y otras en forma obscena aplica lo que dice las leyes que votan legisladores de baja estatura moral y ética, como esa que permite beneficiar a los corruptos con dejar la cárcel en forma condicional sin cumplir la totalidad de la condena. 
Esta semana se conoció que el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi consiguió anticipar 192 días su incorporación al régimen de libertad condicional gracias a una reducción que obtuvo por "estímulo educativo". Así lo resolvió el Tribunal oral federal número dos, que admitió como válidas una larga lista de cursos que el ex funcionario, condenado por la Tragedia de Once de febrero de 2012 a cinco años y medio de prisión, realizó mientras cumple su condena que vence el 4 de abril de 2024. El último curso aceptado a Schiavi fue el de "Liderazgo trascendente: ampliar la perspectiva del éxito", dictado por la Universidad Fasta.
Recibido en la Universidad de Buenos Aires con el título de ingeniero agrónomo, el ex funcionario realizó durante su estancia en prisión distintos cursos educativos como "Mecánica básica del automotor", "Manejo de celulares", "Introducción a la informática", "Producción de alimentos artesanales: conservas, confituras y productos lácteos", "De peones a reyes - ajedrez avanzado", "Introducción de peluquería", "Servicios turísticos", "Confección, arreglos y reciclado de indumentaria", "Síntomas sociales en las series de televisión del siglo XXI", "Gestión operativa de servicios de alojamiento", "Formación docente en género y violencias - Ley Micaela" y "Clases de guitarra y ukelele en casa".
De esta manera se desvirtúa el espíritu de la ley puesto que Schiavi no busca capacitarse como forma de mostrar una buena conducta o ampliar sus posibilidades de reinserción social una vez abandone la penitenciaría sino solamente persigue el objetivo de lograr antes la libertad, más allá de que sea en forma condicional.
El juez Jorge Gorini, a cargo del control de la ejecución de la sentencia, señaló que llegado el momento de efectuar la reducción, por aplicación del estímulo educativo habida cuenta que los cursos realizados por el condenado conllevan una carga horaria total de 2.563 horas reloj. El magistrado agregó que en base a lo analizado, le corresponderá de manera proporcional una reducción de 192 días para que transite el Régimen de Progresividad Penal. En concreto, no significa una reducción de la condena, que está firme y con fuerza de "cosa juzgada" después del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, sino una anticipación de los plazos en los que podrá acceder a la libertad condicional, que en su caso será el 24 de noviembre de este año. 
La posibilidad de reducir una condena por aplicación del estímulo educativo está prevista en el artículo 140 inciso B de la ley 24.660 de Ejecución Penal en materia de Régimen de Progresividad de la Pena. Schiavi fue condenado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas.
La cuestión podría haber sido peor ya que el defensor de Schiavi había solicitado una reducción de más de veinte meses pero el juez "solo" le otorgó seis meses y medio. La defensa pretendía que se le reconozcan 21 cursos más realizados de forma online pero en su presentación dejó entrever que su defendido logró realizar un total de 165 horas de cursada “on-line” en tan solo un día. Muy raro. 
Como antecedente, el juez federal Daniel Obligado le concedió al ex vicepresidente Amado Boudou una rebaja de diez meses en su condena por el caso Ciccone Calcográfica (fue hallado culpable por dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública) y de esta forma quedó en situación de pedir salidas transitorias, mientras cumple la pena en prisión domiciliaria. La rebaja es por los estudios realizados por Boudou en la cárcel relacionados a un un taller de filosofía y un curso como organizador de eventos.
Los legisladores deberían reaccionar rápidamente y excluir de los beneficios del artículo 140 inciso B de la ley 24.660 a los condenados por corrupción. Porque si los castigos son blandos en lugar de ejemplares, la tentación siempre triunfará.