Desde hace demasiado tiempo, Venezuela está en el ojo de la tormenta. Por la falta de libertades de su pueblo. Por las carencias inexplicables en un país que por sus reservas petroleras llegó a ser uno de los más poderosos del mundo. Y fundamentalmente, por la política dictatorial que ejerce el gobierno de Nicolás Maduro.

En las últimas elecciones legislativas, que tuvieron una escasa participación de la ciudadanía en las urnas, se quedaron con el control de la Asamblea Nacional ante la no presentación de las agrupaciones opositores, tomando prácticamente por asalto ese organismo.

Mientras tanto, se suceden los informes referidos a los repetidos hechos de lesa humanidad, denunciados en varias oportunidades ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidades, tras haber creado la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela.

La primera observadora en alertar sobre esas irregularidad había sido Michelle Bachellet, la ex presidenta de Chile, justamente comisionada por la ONU, que presentó un informe lapidario sobre la dura realidad que se vive en el país que se recuesta sobre el mar Caribe.

Bachellet llegó a la conclusión, tras una prolongada tarea investigativa, que las violaciones de los derechos humanos se vienen cometiendo desde el año 2014, cuando ya había asumido Maduro, sucediendo al fallecido Hugo Chávez.

Luego del reporte de la ex mandataria trasandina, las autoridades venezolanas no volvieron a permitir el acceso al país a ningún miembro de la ONU, por lo que tres expertos independientes vinieron operando en los últimos meses desde Panamá.

Los resultados a los que arribaron fueron contundentes. Se constataron, entre otros tratos, crueles y degradantes, la brutalidad sistemática de las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, los diferentes métodos de torturas y las desapariciones forzadas.

Esos informes, ratifican las denuncias realizadas este mismo año por Amnistía Internacional, que había dado cuenta de la probable comisión de una serie muy importante de crímenes de lesa humanidad, cuyos familiares, a pesar de todas las amenazas imaginables, siguen reclamando verdad y justicia, no recibiendo, por parte del gobierno, ningún tipo de respuestas.

Esa conclusiones fueron volcadas en la convención realizada en Ginebra y los miembros integrantes de la Misión Internacional avalaron por unanimidad esa presentación, que reflejó claramente la estrategia del gobierno para silenciar a quienes piensan diferente.

Se lograron testimonios personales y se entregó durante la reunión una valiosa información digital certificada, conteniendo videos, fotografías, publicaciones en redes sociales y hasta imágenes satelitales contundentes de la situación que atraviesa el pueblo venezolano, sumido, por si todo eso no resultase suficiente, en la extrema pobreza.

No quedan dudas, por todo lo expresado, que los hallazgos de los informes son alarmantes y dan cuenta, de manera contundente, la tragedia social que se vive en Venezuela.

Debe señalarse, además, que en el marco del desmoronamiento gradual de las instituciones del Estado, el objetivo central es desalentar la disidencia en una población que ya mostró un primer síntoma de rebelión cuando en la reciente elección le dio la espalda a la convocatoria del gobierno, por interpretar que el fraude estaba en marcha y nada lo detendría, ni siquiera la decisión popular.

Desde la oposición y bajo el fuerte liderazgo de Juan Guaidó, se convocó, para el domingo 5 de diciembre, a una movilización que de acuerdo con lo estimado por los organizadores, reunirá a millones de personas, que saldrán a las calles, para ser escuchados por un gobierno cada vez más cuestionado a nivel global.

Los diferentes informes elaborados en los últimos tiempos son explícitos en la responsabilidad del Presidente, como así también del Ministro de Defensa y de su colega de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, entre otros, funcionarios que son acusados de ordenar o contribuir a la comisión de los delitos.

También pesan similares acusaciones sobre los directores de los servicios de seguridad e inteligencia del Estado, que al igual que las autoridades hoy están en el ojo de la tormenta, en un país que por si fuese poco, está castigado por la pandemia.

Venezuela duele, es una de las definiciones que más se aproxima a la realidad. Le duele a su pueblo que atraviesa una de las peores emergencias humanitarias del continente, por la falta de acceso a medicinas y alimentos, por la violencia generalizada, pero esencialmente, por el hambre de justicia.

El pueblo entendió que la movilización coordinada por las fuerzas opositoras, será, quizás, la última oportunidad de expresar su voluntad de ser libre.