LP - ¿Desde cuándo estás en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales?
A.D. - Trabajo en FARN desde agosto de 2010 llevando temas relativos a biodiversidad. Soy abogada de la Facultad de Derecho de la UBA, me especialicé en Derecho ambiental en la UCA y tuve una beca de intercambio en una maestría de Política y Gestión ambiental en la Universidad de Lund en Suecia.
LP - ¿De qué manera se inicia el trabajo sobre un tema cualquiera?
A.D. - Es un análisis que hicimos para un primer plan estratégico y pensamos entre todos cuáles iban a ser los grandes temas ambientales. Y básicamente llegó de la mano cuando se empezó a desarrollar la ley de presupuestos mínimos. Tenemos el artículo cuarenta y uno de la Constitución Nacional que en su cláusula ambiental declara el derecho a un ambiente sano, el deber de los funcionarios de contribuir a que ese derecho sea una realidad que es del año noventa y cuatro. Después en dos mil dos la ley madre ambiental nuestra que es la ley general del ambiente que consagró esta herramienta de presupuestos mínimos ambientales que nada tiene que ver con temas financieros sino que establece estándares mínimos obligatorios para todas las provincias en materia ambiental como para unificar toda la protección a lo largo del país y que haya justicia en ese sentido. A partir de ahí se empezaron a atender las realidades de distintos ecosistemas como bosques, glaciares, ahora los humedales, residuos, energía, agua. En línea con esas necesidades que vamos viendo desde lo legislativo o porque nos llaman desde el Congreso para dar aporte a proyectos de ley que tienen, vamos estructurando nuestro trabajo y vamos atendiendo tanto por iniciativa propia que quiere poner en agenda y en eso somos líderes o porque nos llega una consulta de un tema de relevancia. Ahí empieza a trabajarse.
LP - ¿Cómo se determina que la información que les llega es veraz?
A.D. - Trabajamos con redes y nos conocemos entre las ONGs y tenemos confianza en los cuerpos técnicos que tienen. Nos valemos mucho de dictámenes técnicos de universidades sobre todo de las públicas nacionales. De hecho en la propia legislación eso puede valer como informes de auditoría, dictámenes técnicos totalmente válidos para hacerlo valer en un juicio, o los que hacen organismos públicos como la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura, el Defensor del Pueblo de la Nación, de la información que ellos obtienen también nos nutrimos y con total confianza. Utilizamos mecanismos de acceso a la información pública, presentamos pedidos formales a distintos organismos que tienen el deber de contestar y esas respuestas las utilizamos como información pública.
LP - Llegado el resultado del tema investigado. ¿Qué sucede después con la información?
A.D. - Es un trabajo importante porque es uno de los fines de la Fundación. Cuando hacemos dictámenes técnicos damos nuestra opinión y siempre está académicamente fundamentada. Son opiniones sólidas, y a veces hay varias opiniones sobre un tema. Esos documentos de posición o informe los difundimos entre todos nuestros contactos y los elevamos a las autoridades, o lo anexamos a una causa, según los casos. Nuestro informe ambiental anual es tenido en cuenta como insumo para la política ambiental argentina. Es un material de referencia que lo incluye en tesis de maestría o de doctorado como bibliografía, como material de consulta de organismos estatales.
LP - Una vez logrado el trabajo. ¿Proponen medidas, herramientas, sugerencias?
A.D. - Sí, después de las conclusiones que hacemos, sugerimos, hacemos propuestas, evitando el no rotundo. En el caso de las represas sobre el Río Santa Cruz nos tomamos el trabajo de poder revisar un documento que suele ser muy complejo, como una evaluación de impacto ambiental que muchas veces necesitamos aporte de otros profesionales. Nos llevó mucho tiempo analizar eso y decir por qué no es un buen negocio desde lo ambiental, social, energético, técnico, económico. Y ahí establecimos qué otras alternativas hay que van más por la vía de la energía renovable. Hay inversiones que no vienen con un paquete de salvaguarda que te permitan atender los impactos sociales, económicos, ambientales que tienen. Ese suele ser el estilo en el que trabajamos.
LP - En general. ¿Hay eco en lo que ustedes le acercan a los estamentos oficiales y a los gobiernos?
A.D. - Sí, suele haberlo y sobre todo cuando uno se acerca con una coalición de ONGs prestan más atención. Los legisladores nos convocan, concretamente ahora donde en el congreso tienen que alcanzar consenso y es mucho más abierto. Y en los ministerios depende de la gestión que sea más abierta o no. Insistimos en otras dependencias que no abordan el tema específico para poder abrir canales de participación ahí porque también tratan sobre materias que tienen impacto socioambiental.
LP - ¿Qué información disponen de lo transgénico y de los agrotóxicos?
A.D. - Una deficiencia que tenemos es el ordenamiento ambiental del territorio. Nosotros hicimos un dictamen técnico sobre eso. Ha habido como aportes sectoriales a ordenar los bosques, los glaciares, si hay una ley de humedales habrá que ordenarlos, pero falta un ordenamiento ambiental del territorio todo tanto de la parte urbana como de la rural. Y la rural tanto desde plantaciones forestales como de la agricultura, hasta de ganadería. Y en transgénicos que recientemente hemos hecho una presentación en una demanda como terceros para hacer un aporte desde el impacto social ambiental que tiene a fin de empezar a meter y que la justicia empiece a evaluar esas cuestiones y que realice con dictámenes técnicos de universidades nacionales y demás, que obtenga información y tome una decisión sobre el impacto que tienen los transgénicos o no en el ambiente y en la salud humana básicamente. En fumigaciones creemos que tiene que haber una ley de presupuestos mínimos, de estándares mínimos obligatorios para todas las provincias, estableciendo cómo deben hacerse, bajo qué condiciones, qué restricciones debiera haber, porque hoy en día es muy dispersa la regulación y hay provincias que no tienen. Más allá de alguna alternativa como es el mundo agroecológico.
LP - ¿Consideran que falta legislación actualizada o que falta control para que se cumpla la que hay vigente?
A.D. - Ambas cosas. De las provincias que tienen buena legislación que se asegure una buena implementación, eso es una deficiencia en general de Argentina no solo en temas ambientales. Y en otros casos la legislación no está y hay que recurrir a la vía judicial que lleva su tiempo.
LP - Ante una población mundial que se autodestruye a diario, ¿desde dónde mantienen esa mirada positiva para decir que vale la pena seguir trabajando en esto?
A.D. - A veces nos hacemos mucha mala sangre por el trabajo sobre todo porque puede haber mucha mediocridad o cortoplacismo de parte de las autoridades pero los logros que vemos que realmente se alcanzar valen la pena. No es lo mismo decir que Argentina perdió desde inicio del siglo veinte hasta ahora el setenta por ciento de sus bosques y queda solo el treinta por ciento de lo que originalmente existía, pero aun así sabemos que gracias a la ley de bosques el escenario es mucho mejor que si no la tuviéramos. De poder contar con la ley de glaciares, pese a las dificultades vemos que es una herramienta que uno al menos puede llevar a la justicia y defender ecosistemas. O lo que ha salido varias veces en la generación de nuevas áreas protegidas, sobre todo el último movimiento ciudadano que hubo para que creara el parque El impenetrable que protege una continuidad de ciento treinta mil hectáreas de bosque chaqueño que no existe en otro lugar del país ni de países limítrofes con quienes compartimos este ecosistema. Si nosotros no metemos los temas en agenda nadie más los incorpora. Hay que seguir trabajando y luchando para defender todo lo que se logró hasta ahora, que se implemente bien y por todo lo que falta.
por Raúl Vigini
raulvigini@yahoo.com.ar