Con una economía en problemas como la Argentina, donde a pesar de un INDEC ilusionista que se esfuerza por disimular la adversidad, cae la inversión, la actividad económica, la producción industrial, el consumo y el empleo, resulta difícil comprender por qué el Estado nacional destina millones de pesos de los argentinos para cubrir gestiones ineficientes de empresas bajo su control. 

Aerolíneas, ferrocarriles y otras empresas del sector público se transforman en parásitos del Tesoro nacional sin comprometerse a mejorar sus operaciones con la eficiencia como objetivo y a la vez herramienta para reducir sus déficits y su dependencia de los giros del Gobierno.  

Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE) de Fundación Libertad, en el 2014 el Estado debió transferir 71,3 millones de pesos por día para solventar el rojo de las empresas públicas, convertidas en algunos casos como una agencia de colocaciones del personal adherente a las ideas del partido de gobierno de turno -en rigor de verdad, nada que no haya ocurrido en otros tiempos-. Así, las empresas de la gente se convierten en una caja política que quedaba bajo las garras de aves de rapiña que sustentan la base del poder y que desconocen el objetivo de tornar más eficiente a sus gestiones. 

El reporte del CISE sostiene que la ejecución presupuestaria consolidada para el año 2014 nos revela que el déficit operativo de las empresas públicas durante el año pasado superó los 26 mil millones de pesos, lo que representa la cifra más alta de los últimos años y representa un enorme salto del 159 por ciento respecto del año anterior. Agrega que si bien el déficit operativo de las empresas públicas es una partida que tiene una representación menor dentro de los gastos corrientes del Estado, ya que sólo representan alrededor del 2,6% del total erogado por el aparato estatal, no deja de ser trascendente. 

De acuerdo a los datos dados a conocer en forma oficial y que el CISE toma como referencia para elaborar su análisis, con un déficit financiero que "alcanzó los 109.719,9 millones de pesos en 2014, el rojo operativo de las mismas explica cerca del 24% de ese desbalance, es decir, casi la cuarta parte del desequilibrio financiero del sector público nacional".

En este contexto, advierte el centro de estudios, la situación de las empresas bajo la órbita estatal "es cada vez peor a juzgar por el considerable déficit en alza de los últimos años". Quizás un caso testigo del entramado de empresas estatales lo configura Aerolíneas Argentinas, que en noviembre pasado debió ser auxiliada nuevamente por el Gobierno para cubrir sus déficits por un total de 955 millones de pesos. En 2013, Aerolíneas recibió transferencias estatales por 3.763 millones de pesos, según se desprende de los datos oficiales que compila el Ministerio de Economía a través de su publicación de ejecución presupuestaria. 

"El panorama es sumamente crítico sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de las empresas se caracterizan por sostener a una gran masa de empleados con sueldos que a veces se ubican por encima del mercado, servicios deficientes, poco control y falta de información, lo que deriva en un gran gasto por parte del gobierno y por ende en una mayor presión tributaria", evaluó el CISE. 

Es decir, si los funcionarios designados en Aerolíneas sólo piensan en la empresa estatal como un trofeo, en la que nombran a amigos o militantes sin tener entre sus objetivos modernizar su gestión y reducir al mínimo sus rojos, entonces los argentinos deberemos resignarnos a aportar más plata sin pausa a un barril sin fondo y sin la expectativa de que cambien las cosas en el corto plazo.  

Cuando se pone bajo la lupa analítica a una empresa pública, hay que considerar que el déficit puede ser justificado por la contribución social que realiza la misma. Un ejemplo puede ser el servicio de transporte público de pasajeros que opera la Municipalidad de Rafaela, que el año pasado perdió alrededor de cinco millones de pesos pero que cumple un rol clave en beneficio del tránsito y de la movilidad de las personas, especialmente aquellas que no disponen de vehículos propios. 

Detrás del rojo de una empresa pública está la decisión del Gobierno central de efectuar los controles correspondientes ni observar el cumplimiento de los mínimos estándares de transparencia en lo que se refiere a la  administración pública. En otras palabras, algo así como qué me importa el dinero de la gente, con el 54 por ciento podemos hacer lo que querramos sin rendir cuentas a nadie. El objetivo no declarado es favorecer a los amigos del poder retribuir a la militancia comprometida... con un cargo. En la medida que las cosas sigan así en este país, Estado y eficiencia son términos que nunca podrán convivir.