El clima empresario en el Coloquio de IDEA reflejó una sensación

de fin de ciclo político, preocupación por cómo se desenvolverá la

economía en los próximos dos años y expectativa por comenzar a

vislumbrar qué dirigentes pueden conducir la Argentina a partir

de diciembre de 2015.

A pesar del marco de apertura política que se le quiso dar al

Coloquio, volvió a notarse en las declaraciones y exposiciones el

espíritu crítico que caracteriza a IDEA respecto del modelo vigente.

Tal vez por ello, el único candidato que no concurrió a hablar

en la parte final del encuentro fue Martín Insaurralde, mientras

que sí asistieron Sergio Massa, Margarita Stolbizer y Francisco de

Narváez.

"Ya se empieza a pensar en el postkirchnerismo, lo que más

preocupa es si Cristina hará las correcciones necesarias antes de

concluir su mandato o le dejará a su sucesor el peso de hacer los

cambios que hacen falta", resumió uno de los empresarios que tuvo

casi asistencia perfecta a estos encuentros en los últimos 20

años.

En qué consiste el reclamo de correcciones: las hay de corto

plazo y de largo.

En primer lugar consideran que Cristina Fernández deberá

solucionar el problema de tarifas antes de llegar al final de su

mandato.

Hay un convencimiento de que el gobierno deberá eliminar los

subsidios a las tarifas en los próximos meses, porque se quedará

sin las reservas necesarias para seguir afrontando importaciones

millonarias.

Las estimaciones indican que el gobierno perderá más de 8.000

millones de dólares este año, 4.000 millones en el 2014 y quedará

apenas por encima de los 20.000 millones en el 2015.

El problema del gasto en subsidios para el combustible no es el

único inconveniente.

Seis de cada diez empresarios consultados en el Coloquio de

IDEA de Mar del Plata reclamaron la eliminación de impuestos

distorsivos, pero también exigieron una política fiscal pro

inversión y la clarificación de reglas de juego, según la encuesta

realizada por la consultora D’Alessio IROL.

Casi la mitad de los consultados pide financiamiento a más

largo plazo y una recomposición de los costos laborales.

Otro tema que pone nerviosos a los empresarios (4 de cada 10 lo

mencionan) está vinculado con la caída de la rentabilidad.

Casi el 90% de las empresas manifestaron dificultades también

en la disponibilidad de recursos humanos, donde el rubro donde

más se nota es en los mandos medios, seguido por la mano de obra y

en menor medida en los sectores de dirección.

Dos de los desafíos que también están en el mismo plano de

importancia que los anteriores son la posibilidad de obtención de

créditos accesibles y el escenario tarifario, que ocupa un rol

que preocupación para los consultados.

Con el tema de la informalidad laboral, el reclamo principal ha

sido la obtención de mecanismos de contratación más flexibles.

"Esto no debe entenderse como la precarización del trabajo,

sino como la ayuda para que las empresas puedan incorporar mayor

capital humano sin perder competitividad", dijeron los empresarios

en una encuesta.

También pidieron el retorno a la cultura del trabajo a través

de pasantías, tutores y cambios en los contenidos en la escuela

secundaria.

Son predominantes las apreciaciones en este sentido de los

políticos y funcionarios.

El desafío ante los empleados por debajo de 30 años es lograr

incluir sus factores de innovación, creatividad y conocimiento

tecnológico en un entorno donde equilibran la vida personal con el

trabajo, en condiciones donde se observa un bajo nivel de

compromiso hacia la autoridad.

Preocupa la existencia en la economía argentina de sectores de

muy alto nivel de evasión, con su correlato de competencia desleal

y empleo informal.

Existe consenso sobre que no es sustentable a mediano plazo una

situación de desigualdad social como la actual, en un contexto en

el cual la articulación entre empresas, organizaciones sociales y

Estado es muy baja.

Industriales y grandes empresas son aun más enfáticos en esta

posición.

Las empresas presentes asignan a su sector algún grado de

responsabilidad en el estado de pobreza estructural que afecta al

país.