Dos factores influyeron en forma directa para que el empleo retrocediera en el sector privado en 2012, dejando en consecuencia al sector público como el único generador de trabajo. Uno de ellos fue la desaceleración que viene teniendo desde hace varios meses la actividad económica, y el otro el aumento que sostenidamente viene teniendo el trabajo en negro. En ambos casos, se trata de derivaciones de un tiempo de incertidumbre, medidas cambiantes y un clima de desconfianza que impacta negativamente en el contexto global de la economía. Pocos invierten, todos prefieren esperar a después de octubre que es la fecha de elecciones y cuando podría tomarse algunas medidas correctivas importantes en la economía, sintiéndose las consecuencias en la caída que viene teniendo el empleo.

Se trata de datos oficiales del INDEC, razón por la cual esta perspectiva aún podría ser algo más complicada, considerando la manipulación que se hace en el organismo oficial de las estadísticas y los índices buscando favorecer los posicionamientos oficiales, con el caso más demostrativo de la inflación que fija en un tercio de la que realmente existe, lo cual hace bajar las cifras de pobreza e indigencia en las mismas proporciones. Es probable, que también suceda otro tanto con esto del mercado laboral, donde siempre se trata de mostrar una imagen mejor que la existente.

De todos modos, y con las salvedades del caso, digamos según el INDEC a fines del año pasado el trabajo en negro afectaba al 34,6% de los asalariados, cuando en igual período de 2011 era de 34,2%. Mientras que el desempleo  subió del 6,7% al 6,9%, la subocupación del 8,6% al 9% y los demandantes de trabajo subieron de 20,7% al 21%, pudiendo advertirse que se trata de todos porcentajes muy pequeños, pero que al generalizarse van marcando una tendencia bastante clara, además con pocas posibilidades de revertirse en estos meses hasta octubre, por las condiciones antes descriptas.

Los más afectados por la falta de trabajo son los menores de 30 años y en especial las mujeres, en tanto que la mayor suba del trabajo en negro se dio en los grandes centros urbanos, pasando del 34,1% a 34,7%, según lo establecen datos oficiales de la Encuesta Permanente de Hogares.

De tal manera tenemos entonces que el mercado laboral, uno de los más sensibles y de fuerte impacto en las condiciones socioeconómicas de la población, se encuentra en declinación, debido a la manera en que se hacen sentir tanto la falta de inversión como el estancamiento de la producción. No puede soslayarse en ambos aspectos la fuerte incidencia que tiene en los mismos el cepo dispuesto sobre el dólar, aun cuando los más perjudicados son todos los sectores inherentes a la construcción.

Complementando con datos del área de seguridad social, a fines de 2012 las personas que trabajaban de manera regularizada en el sector privado ascendían a 6.291.996, quedando un 0,1% por debajo de las cuentas de igual lapso de 2011. Si uno mira la diferencia, es mínima, prácticamente imperceptible, pero lo que adquiere mayor significación es que no sólo se retrocedió sino que se dejó de crecer como es lo que corresponde para mantener los índices acompasados con la expansión poblacional. El estancamiento es un muy mal síntoma, ya que se van acumulando personas sin trabajo, formándose una masa de desocupados que luego será imposible de recuperar aún cuando las condiciones mejoren.

Aún cuando la palabra "ajuste" trata de ser evitada de mencionar en todos los despachos oficiales -casi igual que inflación-, es evidente que es lo que se viene implementando, pues subieron las tarifas de todos los servicios, el transporte, los combustibles, las comunicaciones, elevándose además la presión fiscal al 37% hasta ser la más alta de Latinoamérica, todo lo cual conforma un escenario inapropiado para la generación de empleos.

En cambio el sector público siguió incorporando personal en todos los niveles, estimándose en 11,2% en los dos últimos años -entre 2010 y 2012-, correspondiendo unos 100.000 a provincias y municipios, 15.000 a empresas y organismos públicos, 9.000 a universidades nacionales, 7.000 al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y 6.000 a la administración central. Sumando el total de gente en el sector público, se llega a la cuenta de 3 millones de personas que viven de las arcas fiscales.