La rendición de cuentas sobre el uso del dinero que los ciudadanos aportan cuando pagan sus impuestos es otra de las áreas afectadas por la pandemia, que parece haber ralentizado la carga de datos por parte de los distintos gobiernos en las nuevas plataformas digitales, que se han transformado en valiosas herramientas para el control y la defensa de la transparencia. De alguna forma, el debate planteado en torno a falsas antinomias como salud versus economía o salud vs educación no ha hecho otra cosa distraer a la opinión pública sobre la gestión de la pandemia.  

La ONG Poder Ciudadano destacó que en emergencias de la magnitud como la que vivimos en la actualidad, los Estados

enfrentan consecuencias económicas y sociales que derivan en una mayor demanda de bienes y servicios que deben atenderse de forma urgente. La malversación y la mala administración de los fondos públicos destinados a la emergencia pueden generar impactos que se traducen en mayores afectaciones a la sociedad y, por ende, a la salud pública en su conjunto. Por esto, subraya la entidad,  resulta esencial que la ciudadanía pueda ejercer de forma efectiva su derecho al control de los actos de gobierno, para exigir transparencia y el adecuado uso de los fondos públicos afectados a las compras y contrataciones durante la emergencia declarada en nuestro país. 

En este marco, como consecuencia de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud ante la propagación global del Covid-19, el Gobierno Nacional declaró el estado de emergencia sanitaria, con el fin de tomar las medidas necesarias para mitigar la propagación del virus y su impacto en la salud colectiva en Argentina. Una de esas medidas fue la de generar un sistema de compras públicas que pudiera dar respuesta a las necesidades propias de la pandemia. Un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en el que se analizaron 232 expedientes de compras del Estado nacional, concluyó que "más del 40% no fueron publicados ni en el Boletín Oficial ni en la oficina nacional de contrataciones".

Ahora bien, Poder Ciudadano consideró que sin desantender la importancia de la agilidad necesaria para encarar múltiples urgencias, el análisis del funcionamiento del nuevo sistema, muestra preocupantes márgenes de discrecionalidad y bajas exigencias de transparencia y rendición de cuentas. A partir de esta conclusión, sugiere que la ciudadanía controle con mayor decisión de qué forma está comprando el Estado, a quién le está comprando, cuánto paga y si efectivamente las compras responden a verdaderas exigencias vinculadas con el combate a la pandemia.

Recientemente, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Jesús Rodríguez, consideró que a pesar de que la Argentina transita 14 meses de emergencia pública no tiene por delante un horizonte claro de retorno a la normalidad. En este contexto se hace imperioso agudizar la mirada y exigir que el Estado obre con transparencia, criterio, equidad, eficacia y rendición de cuentas. 

Con la emergencia sanitaria declarada por la OMS, los gobiernos de todo el mundo fueron decidiendo estados de excepción con el fin de brindar rápidas respuestas a la crisis. Rodríguez aclara que los estados de excepción pueden tomar diversas formas pero en todos los casos tienen al menos dos grandes costos asociados: 1) la concentración de poder en el órgano ejecutivo, y 2) la restricción de libertades individuales. La lógica detrás de los estados de excepción es que durante un período limitado -según la duración y el desarrollo de la crisis -, la respuesta rápida y prioritaria a la emergencia tiene un valor mayor para el conjunto de la población que la afectación de las reglas democráticas, agrega. 

Más allá de la justificación racional del caso, lo cierto es que 2020 fue el año de mayor retroceso mundial en libertades individuales del que se tenga registro en épocas de paz. 

Con tan sólo 8% de la población mundial, América Latina ofrece un panorama algo pesimista puesto que acumula alrededor de 30% de los fallecidos por Covid a nivel global. Epicentro de la pandemia, la región además padece “comorbilidades”, como pobreza o desigualdad, que profundizan y prolongan la crisis socioeconómica. Así, los estados de excepción, que por propia definición deben ser transitorios, amenazan con extenderse en el tiempo. 

La emergencia pública en Argentina fue decretada en marzo del año pasado y luego extendida hasta el 31 de diciembre de 2021, consigna Rodríguez. La evolución de la pandemia en nuestro país al día de la fecha, con cerca de 300.000 infectados activos, más de 5.000 fallecidos en las últimas dos semanas y tan sólo 3% de la población con la vacunación contra el Covid-19 completada- permite suponer que el Poder Ejecutivo intentará extender el estado de excepción más allá de los plazos establecidos. Y este "estado de discrecionalidad" no es una señal favorable en un país en el que la corrupción es un problema sin solución.