El juez santafesino Héctor Candioti deberá resolver en los próximos cinco días si acepta o morigera las medidas cautelares solicitadas por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) contra el ex titular de la cartera de Seguridad provincial Marcelo Sain y otros tres ex funcionarios de esa gestión, en el marco de la investigación de presuntas irregularidades en una licitación para adquirir armamento.
La audiencia de cautelares se desarrolló en la ciudad de Santa Fe entre el jueves y ayer viernes y, en ese contexto, la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos dirigida por Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez solicitó para los imputados, como medidas alternativas a la prisión preventiva, la “prohibición de salida del país (con entrega del pasaporte), de acercamiento y comunicación con los denunciantes y testigos, de acercamiento a los Ministerios de Seguridad y de Economía, embargo de 200 mil dólares a cada uno e inhabilitación general de bienes y prohibición de tener y portar armas”, consignó La Capital de Rosario.
Además de Sain, el pedido de los fiscales incluye al ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro, al ex encargado de Finanzas de esa cartera Maximiliano Novas y al ex jefe del Departamento de Logística (D4) de la Policía de Santa Fe Marcelo Correa.

ARGUMENTOS
Juez, fiscales y querellantes participaron de modo presencial en la audiencia que se realizó en los Tribunales Provinciales, mientras que Sain y su abogado, Hernán Martínez, lo hicieron vía Zoom.
Martínez, quien había pedido el sobreseimiento de Sain, argumentó que “no hubo delito ni daño para la administración” e insistió en que el fiscal de Estado, Rubén Weder, “reconoció que no le interesaba este delito”.
También indicó que Sain actuó en el marco de sus competencias, que era la de propiciar expedientes licitatorios.
Asimismo, le bajó el tono al testimonio del ex jefe de Policía Víctor Sarnaglia, ligándolo a una puja de poder y rivalidad con Sain, y cuestionó al Ministerio de Economía provincial por el armado de los pliegos de una licitación que, posteriormente, el Ejecutivo suspendió.
Además, Martínez apuntó al titular del MPA, Jorge Baclini, por contratar en modo directo un software telefónico con la misma empresa objetada en la causa (Emprendimientos Grupo Patagónico SRL) y señaló al fiscal Regional, Carlos Arietti, por tallar en las imputaciones, a las que luego se sumaron los diputados provinciales denunciantes.
Sain, en tanto, aludió a la empresa que iba a ser adjudicataria del contrato: “Conozco a Grupo Patagónico porque Martín Pullaro (hermano de Maximiliano, ex ministro de Seguridad) me presentó a su representante cuando ellos estaban en la gestión”, afirmó. Y agregó: “Yo no traje a esa empresa”.

ESPIONAJE: NUEVOS
QUERELLANTES
Paralelamente, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se presentó como querellante en la otra causa que tiene a Sain bajo la lupa: la del supuesto espionaje ilegal durante su gestión en Seguridad.
La seccional Santa Fe de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y el abogado de Rosario, Jorge Juan Bedouret, se constituyeron como querellantes en el proceso judicial en el que se investiga a exfuncionarios del ministerio de Seguridad de la provincia por la recopilación ilegal de datos personales y privados de miles de ciudadanos santafesinos e instituciones.
La audiencia en la que se discutió la admisión de los nuevos querellantes se llevó a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe y estuvo a cargo del juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Gustavo Urdiales.
La Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 lleva adelante la investigación y manifestó su acuerdo con lo resuelto. Por su parte, la Defensa se opuso a los requerimientos de UPCN y Bedouret.
De acuerdo con lo expuesto por el MPA, los abogados defensores de las personas investigadas realizaron planteos extemporáneos (expresaron su oposición por fuera del plazo previsto en la ley). Asimismo, la Fiscalía aseguró que los cuestionamientos fueron infundados y basados en argumentos que ya habían sido desestimados en el marco del proceso judicial.
Según lo informado entonces, UPCN y Bedouret se suman a la provincia de Santa Fe, al diputado Maximiliano Pullaro y la abogada Evelyn Andriozzi, quienes ya estaban constituidos como querellantes.