Debido a la participación del Gran Buenos Aires, el trabajo en negro volvió a subir, lo cual constituye sin dudas una muy mala noticia, ya que si bien los números no son muy amplios, habiéndose pasado de 33,7% a 34,1% lo que importa es la tendencia, que por otra parte, debería haber continuado en descenso tanto como para abrigar la esperanza que alguna vez podría llegar a alcanzarse la meta de la regularización total. 

Estos son datos oficiales del INDEC, dando cuenta que en el primer trimestre del presente año la informalidad laboral afectó al 34,1% de los trabajadores, es decir, cuatro décimas más que el 33,7% que se había registrado en los últimos tres meses de 2010, ocasión en la cual se había venido midiendo un lento pero sostenido descenso desde mucho antes. Ahora, lo cual es el motivo de preocupación, la tendencia se ha interrumpido.

Un detalle que cabe reiterar es la explicación de esta situación que ofrece el Gran Buenos Aires, donde de trimestre a trimestre subió de 37 a 38,4 por ciento, , y si retrocedemos un poco más, tenemos que a principios de 2010 el trabajo en negro estaba allí en 36%, por lo cual la negatividad en el proceso es aún más prolongada.

De tal forma, sobre un total de 11.810.000 de asalariados tenemos que el 65,9% de los mismos se encuentran formalmente registrados, mientras que el restante 34,1% está en negro, significando este último porcentaje unos 4 millones de personas, que al estar en tal condición, ven seriamente disminuidas sus posibilidades laborales en todo sentido, pues tienen menores ingresos, no cuentan con asistencia social, ni adicionales, ni tampoco las ventajas del trabajador registrado. Es decir, puede decirse que se encuentran prácticamente fuera del sistema legal, careciendo por lo tanto de las ventajas de quienes sí están dentro del mismo, constituyendo de tal manera una situación de evidente injusticia.

Pero el panorama no concluye aquí, pues hay otros 5 millones de trabajadores independientes, sobre los cuales se carece de estadísticas oficiales, aunque se supone que dentro de esta franja la informalidad alcanzaría niveles muy elevados. Y si además consideramos que lo tabulado por el INDEC se reduce a los trabajadores de zonas urbanas, sin incluir las rurales, donde la informalidad suele ser bastante importante, debemos entonces caer en la conclusión que ese 34,1%, de poder llegar a contabilizarse estos dos aspectos, podría elevarse notablemente.

En vista de todo lo expuesto, y aún sin números que lo respalden, pero sí en base a estimaciones de algunos relevamientos sectoriales, se concluye que el trabajo informal podría estar en el orden del 40%, recordándose que el pico se había alcanzado en plena crisis de 2001-02 con el 50%, cuando los regularizados e informales se dividían por mitades. Hoy, si consideramos todo lo evaluado, no estamos demasiado lejos de eso, ya que cada dos formalmente anotados hay un trabajador ilegal.

Un dato a tener en cuenta es que el crecimiento económico de estos últimos años, a tasas anuales muy importantes, no tuvo mayor influencia en cuanto al descenso del trabajo en negro, al menos en la medida esperada, ya que en la actualidad se superan los índices de los años ´80 y de la primera mitad de la convertibilidad. Esto también sucedió con la pobreza y con la distribución de la riqueza, donde la diferencia entre los que más ganan y los que menos, continúa siendo muy amplia, no existiendo explicaciones convincentes para dar cuenta de estas situaciones.

Tomando por regiones, la provincia de Salta se encuentra al tope del trabajo informal con 46,4%, seguida por Santiago del Estero con 45,3% y Corrientes con el 43,5%, mientras que en otro extremo se ubican Ushuaia-Río Grande con 14,9% y Río Gallegos 15,6%, advirtiéndose en estos datos la gran diferencia de desarrollo que existe entre el Norte y el Sur del país. Si bien ahora, la zona patagónica se encuentra severamente castigada por las cenizas del volcán chileno, con lo cual sus condiciones laborales se encuentran muy gravemente afectadas.

Algunas de las formas de trabajo en negro son las cooperativas truchas, la tercerización de actividades, los factureros y la subcontratación, sistemas que tienen una fuerte incidencia para que haya esos 4 millones de trabajadores en negro confirmados por el INDEC, además de otra cantidad no debidamente establecida entre el resto de 5 millones de cuentapropistas.