Con la crisis de la actividad económica sin repuntar crece la amenaza de la desocupación para miles de argentinos que advierten, en sus empresas, una menor producción que se traduce en una caída de ingresos y un mayor problema para enfrentar el pago de los salarios. En los juzgados civiles y comerciales del país se advierte un aumento en la presentación de concursos por parte de las compañías, a la vez que en el Ministerio de Trabajo hacen fila para gestionar los pedidos de los Repro, tal como se conocen a los subsidios salariales que otorga el Gobierno a aquellas empresas que soportan las dificultades de la coyuntura en la cual la economía se enfría cada vez más.
Mientras el Gobierno nacional busca disimular estas tensiones debajo de la alfombra de la década ganada, impulsa acciones que, en la práctica, significa que reconoce la profundidad de la crisis. Que el INDEC admita que la producción industrial cayó
2,2% en febrero en forma interanual y que acumula en el primer
bimestre del año una baja del 2% comparada con igual período del
2014 es toda una señal. Es decir, ya no alcanza con la manipulación estadística para tapar el sol con las manos.
Los argentinos pierden poder adquisitivo por efectos de la inflación y del Impuesto a las Ganancias. Además, considerando que estamos en un año electoral y podría haber cambio de gobierno, adoptan una actitud cautelosa y optan por no contraer deudas a largo plazo, más allá de que eso les signifique resignar consumo.
Ante este escenario de mayor conflictividad, en el marco del cual se producirá un paro del transporte y otros gremios el próximo martes, la presidenta Cristina Kirchner
anunció planes y créditos con el fin de fomentar el consumo,
que durante los últimos meses cayó por la recesión y la
inflación, y un plan para regularizar deudas en la AFIP que está destinado sólo para
aquellos empresarios que conserven la cantidad de
personal.
El plan, cuya tasa de interés es de 1,9 puntos a diez años,
apunta a los morosos que componen "la mochila" que carga la AFIP,
según señaló la Presidenta, quien además consideró que se trata de "un plan para ayudar, no para avivar".
En su último informe semana, el Instituto para el Desarrollo Argentino (Idesa) señaló que " de acuerdo al INDEC la producción está estancada y los relevamientos privados señalan que está cayendo", lo que indudablemente repercutirá en la generación de empleo o en los puestos laborales existentes, esto es que se puede destruir trabajo.
El documento de la consultora resaltó que "el modelo adoptó como principales fuentes de generación de empleo la licuación de costos laborales provocada por la mega devaluación del año 2002 y el crecimiento de la producción motorizada por el favorable contexto internacional" pero en la actualidad "ambos pilares se han diluido ya que los salarios reales recuperaron los niveles previos a la crisis y, aun en la visión más optimista del INDEC, la actividad económica está estancada".
En este marco es necesario, apunta, evaluar la condición en que se encuentra el mercado de trabajo en la Argentina. "Una forma de analizar la situación laboral es mediante el cotejo de los indicadores laborales básicos con el de los países vecinos. Así, tomando datos oficiales de cada país referidos al 4° trimestre del año 2014 se observa que en Uruguay la tasa de empleo es del 60,8% y la tasa de desempleo del 6,7%; que en Chile la tasa de empleo es del 60,0% y la tasa de desempleo del 6,0% y que en Argentina la tasa de empleo es de 58,7% y la tasa de desempleo de 6,9%".
Según estos datos, consigna Idesa, en la Argentina hay una menor proporción de personas mayores de 14 años trabajando y un mayor porcentaje de gente que buscando un empleo no lo consigue. En Chile y en Uruguay hay más empleo y menos desempleo que en Argentina. "Esto sugiere que, en materia laboral, la Argentina desaprovechó el favorable contexto que brindó la última década", subraya.
Más adelante, el reporte asegura que "ante esta situación, repetir la estrategia de licuar salarios vía una aceleración de la devaluación no aporta soluciones como así tampoco es aconsejable confiar en que el crecimiento económico espontáneamente resuelva la falta de empleos". Por eso sugiere implementar "reformas sociales innovadoras" para crear condiciones pro empleo, entre las que menciona reducir y darle progresividad al esquema de cargas sociales, simplificar la registración laboral eliminando trámites y registros burocráticos, reducir la litigiosidad laboral, recomponer la cultura del trabajo y mejorar la calidad de la educación formal y su articulación con la formación para el trabajo. "Se trata de una agenda extremadamente desafiante porque su instrumentación demandará doblegar los intereses espurios que se han enquistado en las relaciones laborales, los programas asistenciales y el sistema educativo", concluye.