"Una gran cantidad de personas sufren la injusticia de cobrar una jubilación que no se condice con el esfuerzo de aportes realizado durante su vida activa. Esto deriva en litigiosidad y en marginalidad social", sostiene Alejandra Torres, directora ejecutiva de Idesa-Políticas para el Desarrollo Social en una publicación reciente de Infobae que reproducimos en sus tramos destacados.

A lo largo del tiempo, y siempre con el argumento de aportar paliativos a una situación de visible injusticia, se derivaron a favor de la ANSeS parte de la recaudación del IVA, 15% de la Coparticipación bruta, parte de los impuestos a las Ganancias, Internos, a los combustibles y el componente impositivo del monotributo.

Se trata de una profunda alteración al régimen de coparticipación tributaria; sustento básico del régimen federal. El caso más paradigmático se dio con la asignación del 15% de la Coparticipación.

Originalmente esta medida fue adoptada como un esfuerzo solidario a cargo de las provincias para cubrir el desfinanciamiento transitorio que generó a la ANSeS la derivación de los aportes personales al régimen de capitalización.

Pero cuando en 2008 se eliminó el régimen de capitalización (AFJP) no sólo que los fondos apropiados no fueron devueltos a las provincias, sino que a futuro se mantuvo la derivación del 15% de la masa coparticipable.

UN EJEMPLO

El caso de Córdoba resulta muy ilustrativo. Durante el 2011 la provincia mediterránea dejó de percibir, por derivaciones de tributos a favor de la ANSeS, aproximadamente $ 4.000 millones. ¿Cuánto de esos fondos fueron efectivamente utilizados para pagar las jubilaciones de los adultos mayores que viven en Córdoba? Apenas unos $ 1.500 millones.

La diferencia -unos $ 2.500 millones- son impuestos que, de acuerdo al régimen de coparticipación deberían haber ingresado a la Provincia pero que, por el imperio de estas leyes especiales, fueron derivados a la ANSeS.

Lo cierto es que la ANSeS no los usó para mejorar las jubilaciones y pensiones sino para otras finalidades, particularmente cubrir los desequilibrios del Tesoro Nacional. Una quita de $ 2.500 millones tiene enormes impactos sobre las finanzas provinciales.