Tras el flojo resultado en las primarias, los candidatos

oficialistas parecen dispuestos a sincerar algunas de las

deficiencias económicas que la Casa Rosada se ocupó de presentar

en los últimos años como insignificantes desajustes del modelo.

Tal vez eso explique que postulantes como Martín Insaurralde o

Daniel Filmus hayan admitido por un lado que la inflación es un

"problema", y que la Argentina está "devaluando".

Decisiones adoptadas en lo más alto del poder revelan que ese

sinceramiento alcanza también a problemas que figuran al tope del

ranking de preocupaciones de la opinión pública, como la

inseguridad.

Si bien se dio el primer paso -reconocer el problema-, falta

aún afrontar el desafío mayor: encontrar el remedio que posibilite

encarar las soluciones.

La presidenta Cristina Fernández convocó a la mesa de Diálogo

Social, lo cual deja traslucir cierta inédita apertura a escuchar

otras voces, pero la duda es qué nivel de influencia tienen esos

pocos empresarios y sindicalistas elegidos, los "titulares", para

aportar las correcciones que hacen falta.

La suba del mínimo no imponible de Ganancias y la promesa de

bajar la presión impositiva sobre monotributistas y autónomos,

parecen ir en el sentido de reconciliarse con sectores de la clase

media que se sienten excluidos de las políticas gubernamentales.

Inflación e inseguridad no son los únicos problemas que el

oficialismo empieza a admitir.

Antes de las elecciones del 27 de octubre, el gobierno

anunciaría el nuevo Indice de Precios al Consumidor, que buscará

ser algo más confiable que el actual.

Es un dato que viene siendo seguido de cerca por los mercados y

también por inversores internacionales y tenedores de bonos de la

deuda.

Pero ese indicador, cuya pérdida de credibilidad es casi total,

también genera exasperación entre los consumidores, cuando viven

casi como una tomadura de pelo que se les informe una inflación

que nada tiene que ver con lo que ocurre al hacer las compras en

el supermercado o abonar distintos bienes y servicios.

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LOS BUITRES Y LAS

GUARIDAS FISCALES

La presidenta libró una batalla en la cumbre del G20 para que

se incluya la cuestión de los fondos buitres y los canjes de deuda

en la declaración final de los presidentes, pero la tajante

negativa de los Estados Unidos lo impidió.

Sin embargo, a la jefa de Estado le quedó el consuelo de haber

logrado que de aquí en más deje de utilizarse el término de

"paraísos" y se lo reemplace por el de "guaridas fiscales", a esos

lugares del planeta donde se recibe dinero sin preguntar

procedencia.

La Argentina ha sufrido en carne viva el funcionamiento de esas

"guaridas", donde se encontrarían parte de los 400.000 millones de

dólares que tienen los argentinos fuera del sistema formal.

Los datos fueron estimados por la organización Tax Justice

Network, solo toma en cuenta la riqueza financiera y excluye otros

activos como propiedades inmobiliarias.

El país ocupa el cuarto lugar dentro de América Latina en

cuanto a la cantidad de habitantes que más dinero posee sin

declarar fronteras afuera.

Pero si el gobierno quiere que esos capitales regresen a la

economía formal deberá hacer un esfuerzo enorme.

En primer lugar reconocer que el "cepo" al dólar terminó de

destruir la poca confianza que quedaba en la Argentina, porque a

partir del primero de octubre de 2011 ciudadanos y empresas

tuvieron la certeza de que otra vez el país repetía la "trampa

cambiaria" dejándolos a tiro de devaluación.

La existencia de un mercado paralelo cada vez más pujante,

donde el dólar se comercializa 60% por encima del valor oficial,

refleja que la Argentina ya devaluó el peso, y que ahora solo

falta admitir a cuánto llegará el daño.

El hecho de que la mayor creación de empleo desde el 2011 se

haya dado entre los "arbolitos" que vocean "dólar, euro, real" en

la city porteña es el reflejo de que la decadencia económica

vuelve a estar a la vuelta de la esquina en el país.

El daño que provoca la existencia de múltiples tipos de cambio

aún no parece haber sido dimensionada por la Casa Rosada.

Un ejemplo ayuda a entender lo negativo del fenómeno: más allá

de que se aplique un paliativo a través del bien intencionado

Plan Procrear, el sueño de la casa propia quedó nuevamente

demasiado lejos para cientos de miles de familias.

Ahora, para adquirir una propiedad se necesitan un 60 por

ciento más de pesos que antes de la aplicación del cepo, porque

los precios aumentaron a la par de la cotización del dólar "blue"

y la inflación se ocupa de hacer el trabajo restante cada día para

que ese deseo vuelva a quedar incumplido.