Una de las instituciones que no logra recuperar prestigio en la Argentina es la Justicia. A pesar de los llamamientos de los funcionarios del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no se registran avances sustanciales para darle a la sociedad garantías de que la ley se cumple y de que es pareja para todos. La reciente liberación del condenado por corrupción, el exvicepresidente Amado Boudou, se inscribe en esos pliegues de una justicia que se acomoda de acuerdo a la cara del cliente o a las necesidades del momento. 

Así, gran parte de los jueces argentinos que perciben muy buenos ingresos en comparación al resto de la población, y que además no tributa el impuesto a las Ganancias, parecen tener piedra libre sin demasiados controles. Un Consejo de la Magistratura que muy pocos saben que existe como institución asume la designación o los procesos de destitución de magistrados a cambio de un exagerado presupuesto. Es decir, el Consejo de la Magistratura cuesta bastante caro a los contribuyentes argentinos considerando la baja calidad de los jueces, puesto que si cumpliría su rol esencial el sistema tendería al nombramiento de mejores magistrados. 

Lamentablemente, a la hora de dictar "justicia" no sólo tienen en cuenta lo que dicen las leyes y la jurisprudencia sino también las conveniencias o intereses políticos o económicos. Es cierto que además pueden recibir presiones en determinados casos, pero sobran los ejemplos de jueces que se acomodan a las circunstancias. 

El ex integrante de ese Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, hizo un comentario en sus redes sociales sobre lo que significa la decisión de liberar a Boudou y lo comparó con situaciones de otros países. "¿Se acuerdan de Bernard Madoff, el financista norteamericano que estafó miles de millones de dólares. Sigue preso. Fue condenado en 2009 a 150 años de prisión y el decomiso de US$ 17.179 millones. ¿Cuánto hubiera estado preso acá? ¿Cuánto hubiese tenido que devolver?". Sus preguntas, muy que nos pese, son tan válidas como dolorosas en esta Argentina inmadura incapaz de despegar como país con un proyecto de crecimiento y desarrollo equitativo sostenible en el tiempo. Los datos frescos de pobreza difundidos por el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina así lo reflejan, tan dolorosos como un golpe al mentón o al estómago del país. 

Lo concreto es que cuatro meses después de haber sido condenado a cinco años y diez meses de prisión por haberse quedado a través de testaferros con la empresa Ciccone Calcográfica, la estratégica imprenta de papel moneda, el exvicepresidente recuperó la libertad. Boudou quedó libre bajo el sistema de vigilancia de tobillera electrónica, que no podrá quitarse ni para bañarse y que lo mantiene monitoreado las 24 horas.

A pesar de las pruebas en su contra e incluso de la condena, el ex funcionario kirchnerista insistió al salir del penal de Ezeiza donde está preso que es inocente y que se observa un abuso de las prisiones preventivas en el país. "Estoy triste porque hay muchos presos políticos en Argentina, perseguidos. La lucha continúa y hay que seguir", declaró Boudou en su primer día en libertad cuando se hizo presente en los Tribunales federales de Comodoro Py para notificarse de su situación.

Boudou obtuvo la excarcelación por el voto de las juezas Adriana Palliotti y Gabriela López Iñíguez, con disidencia de Néstor Costabel, por considerar que no existe peligro de fuga y entorpecimiento de la segunda parte de la investigación vinculada a Ciccone, por la cual ahora está procesado el ex jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray. 

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que la excarcelación de ex vicepresidente es un retroceso de la Justicia y pidió que se corrija esa resolución. Sin medias tintas, el funcionario explicó que el nuevo fallo del mismo Tribunal que condenó a Boudou, aunque con otra composición, es un retroceso porque "la gente no entiende estas idas y vueltas", y la hace "mal a la imagen de la Justicia". Según Garavano, la Justicia debe tener en cuenta "la mirada de la ciudadanía y los altos niveles de impunidad de los que veníamos y no generemos estos retrocesos". 

Un muy interesante punto de vista en este análisis fue aportado por el abogado constitucionalista, Daniel Sabsay, quien consideró que la ausencia de ley de extinción de dominio le va a permitir a un Boudou en cuasi libertad, hacer desaparecer sus bienes producto de la corrupción. 

El ocurrente dirigente cordobés, Luis Juez, también opinó sobre esta decisión judicial con su particular estilo al señalar que con la liberación de Boudou, "la señal que le mandan a la sociedad poniendo en libertad a este malandra es horrible, lo peor que puede recibir un ciudadano honesto". Contundente.