BARCELONA, 30 (AFP-NA). - A un día del referéndum de autodeterminación prohibido, numerosos catalanes empezaron a ocupar los puntos de votación designados por el gobierno independentista regional que aseguró tener listo todo el dispositivo electoral a pesar de la oposición de Madrid. "Yo me quedo a dormir aquí en principio con mi hijo mayor", declaró a la AFP Gisela Losa, madre de tres alumnos en la escuela Reina Violant de Gracia, un barrio independentista de Barcelona. "Tenemos 4 ó 5 familias como mínimo que vendremos con nuestros hijos (...) mañana seguro que tendremos muchas más", añadió.
Tras cinco años reclamando un plebiscito sobre la independencia de esta región de 7,5 millones de habitantes, rechazado férreamente por el gobierno español de Mariano Rajoy, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió llevarlo a cabo desoyendo las prohibiciones judiciales.
Esta región mediterránea, responsable del 19% del PIB español, se encuentra dividida sobre la secesión pero más del 70% de sus habitantes desea un referéndum acordado con Madrid. "En estas horas de vigilia, en estos momentos tan intensos y tan emocionantes, percibimos que eso que hace un tiempo solo era un sueño, ya lo tenemos al alcance", celebró Puigdemont en un multitudinario mitin en Barcelona para cerrar dos semanas de accidentada campaña.
Mientras, decenas de escuelas por toda la región eran ocupadas por los "comités de defensa del referéndum", coordinados desde las redes sociales, para mantener los colegios abiertos hasta el domingo con actividades como picnics, cine al aire fresco, talleres o conciertos.
"La gente vendrá el domingo y votará. Nosotros estamos aquí para garantizar que eso se podrá hacer", explicó por teléfono Oriol Amorós, alto cargo del gobierno, que ocupaba como "vecino" un centro en Barcelona.
Unos 5,3 millones de ciudadanos están llamados a votar en un total de 2.315 colegios electorales, anunció el portavoz del gobierno regional Jordi Turull en un intento de disipar dudas sobre el dispositivo electoral, dañado por las medidas desplegadas desde Madrid.
La policía incautó abundante material electoral, detuvo a 14 altos cargos implicados en su organización, cerró numerosas webs y registró el departamento del gobierno encargado del recuento de votos. Además, el organismo de supervisión electoral fue disuelto con sus miembros amenazados por multas de 12.000 euros diarios y hasta el domingo no anunciarán sus reemplazos.
"Lo que suceda el día 1 no será un referéndum", señaló el portavoz del gobierno español Íñigo Méndez de Vigo, enumerando las numerosas carencias del escrutinio. La justicia también ordenó el miércoles a la policía cerrar los locales de votación, entre ellos escuelas y centros sanitarios.
La reciente crisis económica y el recorte parcial en 2010 por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional que daba más autonomía a Cataluña hicieron crecer exponencialmente el nacionalismo.