En un escenario donde la inflación real no admitida oficialmente relativiza la veracidad del resto de los indicadores y desestabiliza cualquier planificación presupuestaria, a lo que se suma el contexto electoral que se aproxima, el debate en torno al Presupuesto nacional 2015 encierra diversas aristas. Hay quienes dicen que la presentación del proyecto de ley con el cálculo de ingresos y egresos que realiza el Ejecutivo ante el Congreso se ha tornado en una pura formalidad para cumplir con lo que está establecido normativamente. Porque al existir tanta discrecionalidad en la asignación o redireccionamiento de partidas se debilita la fortaleza que debería tener una herramienta presupuestaria, que queda a merced de la arbitrariedad de los funcionarios de turno. 

Así las cosas, el Gobierno nacional defiende la idea de asignar sólo un millón de pesos a obras que requieren una inversión cien veces superior, como la transformación de una ruta en autovía, al considerar que alcanza con que el proyecto a ejecutar sea incluido en el presupuesto con una cifra testigo y que en el momento de encarar los trabajos se reasignan los fondos necesarios. Es decir, si la obra fue incluida en el proyecto y cuenta con una partida a modo de reflejo presupuestario ya es suficiente, pues después se redireccionan recursos. 

Desde la otra vereda, la oposición cuestiona este enfoque sosteniendo que si se definen partidas mínimas que no representan ni siquiera el 1 por ciento de la inversión de una obra determinada, entonces se necesitarían 100 o más años para terminar su ejecución. Esta es una lectura infantil que sustenta la primera crítica, pero la segunda es más ácida. Es que los opositores entienden que asignar un millón de pesos para una autovía que cuesta 200 millones sólo permite darle un fundamento a los oficialistas, que de esa manera pueden salir a decir que la obra figura en los planes del Gobierno, que es importante que sea incluida en el presupuesto sin importar con cuántos fondos. Agregan desde la oposición que esta modalidad política es puro chamullo y que después la obra nunca pasa la fase de los planos. 

En tanto, el ciudadano queda atrapado en esta red política entre oficialistas y opositores, pues las obras quedan indefinidamente en el plano de los deseos sin generar avances reales. Y esto vale para gobiernos de distintos niveles. 

Al hacer foco en la facultad arbitraria de la Nación para modificar el destino de las partidas, la consultora Economía y Regiones hizo un profundo análisis del Presupuesto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y esta semana comienza a tratarse en distintas comisiones del Senado nacional. En este sentido, consigna que las transferencias discrecionales a las provincias superarán el año próximo los 41 millones de pesos, lo que refleja un aumento del 50 por ciento en relación al 2014, principalmente por la ampliación de programas tendientes a cubrir el déficit habitacional.

El reporte expresa que si se tienen en cuenta los principales programas con incidencia en las políticas sociales y de infraestructura provincial que componen las transferencias discrecionales a provincias, se tiene que para el 2015, estos programas seleccionados comprenden transferencias por más de $ 41.063 millones, $ 13.700 millones más que lo presupuestado en 2014 por $ 27.400 millones. El 43% de estos fondos estaría destinado a cubrir el déficit habitacional, un 16% al programa de Ingreso Social con Trabajo, un 14% a complementar el salario docente, en tanto que el 26% restante, se destina a obras viales, programas alimentarios, infraestructura escolar, acciones de empleo y programas de salud.

Con respecto a las transferencias  a las provincias, el documento indica que se prevén $ 9.365 millones en el marco del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial al tiempo que se da continuidad a la flexibilización de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Agrega que durante 2015 los servicios de la deuda del Consolidado de Provincias alcanzarán a $ 49.000 millones, incrementándose un 59 % respecto al 2014 por mayor devaluación, mayores vencimientos de deuda y contemplando los vencimientos del Programa Federal de Desendeudamiento Provincial (PFDP).

El stock de la deuda con el Gobierno Nacional bajo este Programa ascendería a $ 71.678 millones a fines de 2014, luego de haber capitalizado los intereses devengados durante el ejercicio a una tasa nominal anual del 6%. Diecisiete provincias, con excepción de Córdoba, Formosa, San Luis, Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa y Santiago del Estero, son beneficiadas por este Programa.

Concluye que la decisión de extender trimestralmente el período de gracia de las deudas del PFDP, y prever una partida para brindar asistencia financiera a las provincias, claramente permitirá al Gobierno Nacional contar con una herramienta de negociación política en los próximos meses, clave en un año de elecciones ejecutivas.