A los usuarios de los servicios públicos no les queda otra alternativa que confiar en que el precio que deben pagar según las facturas que reciben es justo. No hay forma de controlar a las grandes compañías que proveen gas natural, electricidad, servicios sanitarios o telefonía. El único respaldo existente es el de los organismos a cargo del Estado que deben funcionar como auditores de esas compañías pero en este país nada de lo que está en la órbita pública despierta una confianza total. 

Si bien la legislación obliga a las empresas a brindar toda la información en las facturas que envían a sus clientes, en realidad el usuario se resigna a los conceptos detallados. De todos modos, hay herramientas, como la Defensoría del Pueblo, a la que se pueden recurrir en caso de encontrarse irregularidades. 

Un ejemplo concreto, y cercano, fueron los aumentos desmedidos aplicados por Aguas Santafesinas hace tan sólo un par de meses. Tras las protestas de los usuarios ante una facturación que creció en algunos casos más del 500 por ciento, el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios falló a favor de los usuarios y ordenó a la empresa a devolver los importes mal cobrados a través de las próximas facturaciones. 

Sobre este tema avanzó el CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) junto con el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) con una investigación que, entre sus conclusiones, reveló que el 70 por ciento de los usuarios no sabe cómo se calcula el precio en la factura de gas. 

El objetivo del trabajo fue analizar cómo el diseño de las políticas públicas afecta el comportamiento de los usuarios. El aumento en el precio del gas redujo el consumo, pero los usuarios desconocen la existencia de umbrales de consumo que permitirían reducir el precio del gas consumido en el futuro.

Sostiene el documento que el nuevo esquema tarifario para el gas natural en residencial en el Gran Buenos Aires introdujo un conjunto de umbrales con diferentes tarifas para cada metro cúbico de gas consumido. En este diseño, cada unidad adicional consumida influye en el precio de todo metro cúbico que será consumido en el futuro. En este sentido, se concluyó que el aumento del precio indujo a una disminución estadísticamente significativa en el consumo de gas residencial: un aumento del 25% en el precio redujo el consumo de gas en torno al 4%.

Los investigadores encuestaron 353 hogares del Gran Buenos Aires para analizar en qué medida la política diseñada fue exitosa para reducir el consumo de gas residencial. Consultaron a los usuarios si recordaban el monto de la última factura, si sabían cómo se calcula el monto, cada cuánto se recategorizan los consumidores, cómo se calcula esa recategorización y qué nivel de consumo divide las categorías R32 y R33. El resultado fue categórico: menos del 1% de los hogares respondió bien todas las preguntas.

El estudio reveló que si bien el 92% de los hogares recordaba el monto de la última factura, "solo un 30,7% sabía cómo se calcula el monto total de la factura". Además, solamente el 14% de los hogares sabía que los consumidores eran recategorizados en cada ciclo bimestral de facturación, y solo el 39% sabía que su categoría tarifaria se determina sobre la base del consumo acumulado en el año anterior.

De esta manera, una de las conclusiones de esta investigación es que los usuarios reducen el consumo cuando aumenta el precio del gas, pero desconocen la existencia de umbrales de consumo, que les permitirían reducir el precio de cada unidad de gas consumida en el futuro. Al respecto, agrega que debido a su ignorancia del mecanismo de determinación de precios, puede que algunos hogares hayan consumido más gas en períodos posteriores. "Esto evidencia que uno de los objetivos de la política, que era generar incentivos para un consumo general más bajo, no se cumplió

necesariamente en forma plena", señaló Lucio Castro, director del Area de Desarrollo Económico de CIPPEC.

El especialista consideró que los precios son un valioso instrumento de política pública y uno de los insumos centrales para la toma de decisiones individuales. Sin embargo, a veces las personas responden a los precios y regulaciones percibidas, y no a los verdaderos precios y regulaciones. "Así, los gobiernos no necesariamente tienen que cambiar los precios con subsidios, regulaciones o impuestos: para influir en la conducta individual también pueden modificar la información que transmiten a los ciudadanos sobre precios y regulaciones", indicó.

Nudge, como se conoce a esta práctica en inglés, supone dar un pequeño empujón con información que influya en las decisiones individuales en el margen, sin cambiar precios o regulaciones. Por eso, proveer mayor información a los usuarios podría determinar en un menor consumo, un objetivo importante en un país que aún no salió de la crisis energética.