Un gobernador, un ministro de Seguridad y un secretario también de Seguridad fueron amenazados, en el último año, por bandas de narcotraficantes que sobre el rey dinero edificaron su poder en la Argentina y, en especial, en la ciudad de Rosario y su región. A la lista ahora se sumó al periodista, Germán de los Santos, quien a través de las páginas de diario La Nación y otros medios de la Provincia informa el día a día de la violencia narco que dejó decenas de muertos por enfrentamientos entre bandas o ataques de sicarios. 

En el medio, se descubrió un plan para asesinar al juez Juan Carlos Vienna y al fiscal Guillermo Camporini, quienes actuaban en las causas derivadas por los enfrentamientos entre clanes del crimen organizado, esto es investigación tanto de asesinatos como de la venta de droga en búnkeres. 

En otras palabras, los narcotraficantes no reconocen límites y pretenden, con su poder de fuego, intimidar a los poderes Ejecutivo y Judicial así como también al periodismo, uno de los resortes necesarios para un mejor funcionamiento de cualquier sistema democrático. 

La banda de los Monos, liderada por los Cantero, y otro grupo criminal en el que converge la familia Bassi, tienen una gran responsabilidad en la espiral de violencia que se vive y se sufre en Rosario. Sus tentáculos no sólo alcanzan a sectores marginales sino que también han penetrado a la Policía santafesina. De hecho, el juez Vienna, quien ya se apartó de la causa por haber viajado a Estados Unidos con el padre de una de las víctimas de la guerra narco, había procesado a 36 integrantes de esa banda, entre ellos una docena de agentes de la policía santafesina. 

De los Santos recibió tres llamados telefónicos a su domicilio el jueves a la madrugada en los que se le dejaba en claro que conocían todos sus movimientos, por lo tanto lo habían seguido. Y le advirtieron por sus investigaciones sobre bandas criminales de Rosario y su amplia zona de influencia. 

La reacción de la sociedad fue espontánea, al condenarse enérgicamente esta maniobra. El gobernador santafesino, Antonio Bonfatti, quien en octubre de 2013 sufrió un atentado contra su vivienda cuando se encontraba en el interior de la misma -14 balazos impactaron contra la propiedad-, se solidarizó con el periodista y le asignó una custodia. 

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresó que "la inseguridad para el trabajo de la prensa ha vuelto a manifestarse en las últimas horas, y una vez más, el factor que busca condicionar la libertad de expresión es el narcotráfico".

Para la entidad que representa a las empresas y entidades periodísticas es necesario que las autoridades del gobierno provincial investigue, identifique y condene a los responsables de estas amenazas. "El periodista, que dijo haber recibido otras amenazas, advirtió en sus crónicas sobre la explosión de violencia por el control territorial del negocio de las drogas, un fenómeno hasta hace unos años desconocido en la Argentina", explicó.

Además de condenar el episodio que atenta contra la libertad de prensa, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) manifestó su profunda "preocupación por el agravamiento de la violencia relacionada con el narcotráfico y la crisis de corrupción de la policía provincial en la zona de Rosario y en otras localidades de la Argentina, lo que está generando un clima intimidante para el ejercicio profesional del periodismo". Además, reafirmó las conclusiones de un informe especial sobre la situación del periodismo en Rosario elaborado en julio pasado , "ya se había señalado la gravedad de la situación y la preocupación de los periodistas rosarinos".

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, se sumó a las múltiples condenas de las amenazas contra el corresponsal del diario La Nación en Rosario como "represalia por sus artículos sobre el incremento de la operación del narcotráfico en la región.

En cierta medida, el avance que ha registrado en los últimos años ha sido posible a partir de la ineficacia de los organismos de seguridad, tanto en la frontera como en el territorio interior, y la falta de decisión política para frenar este flagelo que directamente se tradujo en un incremento de la violencia y en la cantidad de muertes violentas. 

La Conferencia Episcopal Argentina advirtió este viernes que la "droga avanza, deja secuelas, mata" y que "en todas las diócesis" se trabaja sobre la "drogadependencia". La Iglesia también hizo un llamado para la "reconciliación" alertando que "hay enfrentamientos y dificultades para el diálogo" y que "al país le hace falta capacidad de encuentro para recrear un país para todos".

En este marco, no ayuda que el jefe de Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, descalifique a un periodista por el hecho de que es crítico a la gestión de gobierno llamándolo "marmota" en un juego de palabras considerando que su nombre es Fernando Carnota. Así no.