En efecto, el pesadísimo déficit de las cuentas públicas es uno de los más graves escollos que tiene el país para poder comenzar a recuperar la economía, y a la vez lograr que sus efectos se trasladen hacia la gente. Los datos del primer trimestre son temibles, pues desde enero a junio el rojo fiscal fue de 246.300 millones de pesos, nada menos que un 76% superior a igual período de 2016, un índice que se ubica muy lejos del nivel inflacionario. Es decir, en pocas palabras, el gasto público se expande a muchísima mayor velocidad que la inflación, quedando en clara evidencia por donde viene el desequilibrio que tiene afectada a la economía, por cierto no desde ahora, sino desde hace al menos entre 5 y 6 años. Aunque corresponde decir que en este lapso de la administración de Cambiemos, la situación ha ido empeorando.

Es que se registran algunas circunstancias que deben apuntarse, ya que el gradualismo implementado no aportó un cierto nivel de tranquilidad, incluso aún habiéndose destinado la mayor cantidad de recursos de la historia para el asistencialismo social, provocando además cualquier medida una reacción de reclamos agresivos que fueron alterando notablemente la tensión social, existiendo una mezcla entre la legitimidad de los pedidos de mucha gente afectada y el intencionado impulso que se le otorga a las movilizaciones -e incluso ollas populares- desde algunas organizaciones sociales.

Volviendo a los números fiscales, el aumento del déficit de la primera mitad del año, con la referencia hecha sobre el nivel inflacionario, ha dejado finalmente un 40% de exceso, y sin contabilizar los resultados tanto de las provincias como del Banco Central.

Debe también decirse que este fuerte aumento del rojo fiscal obedece en gran parte al pago de intereses, que en ese lapso sumó 136.468 millones, explicando nada menos que un 55%, con la aclaración que eso sucedió a pesar del ingreso extra por el blanqueo, de mayores transferencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS y también por el ahorro en los subsidios debido a la suba de tarifas de servicios públicos. Si bien, corresponde también puntualizar que estos pagos del servicio de deuda se abultaron en exceso debido a la toma de préstamos por la que optó el gobierno, reemplazando así a la emisión monetaria para tratar de contener la inflación, aunque tanto una como otra causa más temprano o más tarde se cobran los efectos negativos.

Se destaca en el informe que los subsidios económicos para empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado, que estuvieron especialmente concentrados en áreas de energía y transporte, llegaron a 95.100 millones, un 4% menos que lo devengado en igual período durante 2016, "lo cual constituye la contraparte de la suba de tarifas y quita de subsidios de luz, gas y agua. Mientras que las transferencias para el financiamiento de inversiones de los referidos agentes económicos ascendieron a 21.600 millones, registrándose en consecuencia una suba de 34 por ciento.

Si del déficit dicho al comienzo se quita el pago de intereses de la deuda, el mismo habría estado en 109.800 millones, nada menos 130% mayor que un año atrás, quedando bien en claro que esta situación está mucho más allá que haber aumentado los intereses, pues el rojo sigue estando altísimo, existiendo algunos datos más explicativos, como por ejemplo que los ingresos subieron 28,7% pero en cambio los gastos crecieron 36,6%, quedando claro que mientras no se afronte con la firmeza debida la reducción de gastos, no habrá solución que valga, ya que los ingresos prácticamente no pueden incrementarse pues la presión tributaria está al tope, casi al borde mismo de la resistencia del sector privado.

Otro de los serios problemas por resolver es que el 50% de los gastos primarios, alrededor de 144.000 millones de pesos, corresponden a la elevada participación del gasto previsional administrado por la ANSeS. Es que de esos recursos se siguen financiando un sinnúmero de gastos que nada tienen que ver con la clase pasiva, y además el peso que significa el ingreso de más de dos millones de beneficiarios sin aportes durante el gobierno anterior, han provocado un desequilibrio enorme en las finanzas del organismo.