Argentina se ha caracterizado por ser un país netamente agroexportador en tanto que el rol de la industria nacional fue, preferentemente, el de satisfacer las demandas del mercado interno con el eje puesto en un modelo de sustitución de importaciones. Con la llegada del kirchnerismo al gobierno en el 2003, nuevamente se instaló como objetivo priorizar el desarrollo industrial como camino a recuperar el nivel de empleo que en ese año rondaba el 20 por ciento de la población activa y motor del crecimiento del país. 

La semana pasada, durante el VI Encuentro de Parques Industriales que se realizó en Buenos Aires, la ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, destacó que "el espacio político al que pertenezco hizo de la industrialización el eje de la inclusión, no hay nadie que haya encarado un proceso de reindustrialización federal cómo Néstor y Cristina, habría que remontarse a Perón". 

En esa tribuna, la funcionaria sostuvo que "hay una industria argentina de pie" en la que existen en 371 parques industriales, 47 privados y más de 167 inscriptos en el Registro Nacional de Parques Industriales, un total de 4000 pymes y 87.000 puestos de trabajo. En este sentido, insistió en que "en 2003 había en el país solamente 80 parques industriales y hoy tenemos 371" al tiempo que estimó que "para 2020, la cantidad de este tipo de enclaves productivos llegará a 550".

Otro dato que remarcó Giorgi es que "desde 2008 hasta hoy dejamos de comprar afuera un total de 58 mil millones de dólares, que se reflejan en gran parte de estos 6 millones de puestos de trabajo creados", lo que le da dimensión a la importancia de sustituir importaciones al menos desde las estadísticas oficiales.

Más producción y más empleo fueron los beneficios de esta política más allá que en la actual coyuntura el sector industrial acumule varios meses de caídas en su nivel de actividad. 

De todos modos, el modelo productivo que tanto se promociona desde el Gobierno nacional muestra, hacia su interior, puntos muy débiles. Para el Centro de Investigaciones Sociales y Económicas (CISE), la provincia de Tierra del Fuego está "sentada sobre un polvorín". Al respecto, en su último informe indicó que los intentos de industrialización mediante sustitución de las importaciones tienen una extensa historia en la Argentina, aunque con pocos éxitos en su haber y que durante década 60 y 70, se desarrollaron instrumentos de promoción e incentivos para el desarrollo regional. 

Recuerda que en este contexto se creó el Area Aduanera Especial (AAE) de Tierra del Fuego, que les otorga a las empresas que se localicen en esa región, beneficios en materia impositiva y aduanera, tales como la eximición del pago del impuesto al valor agregado (IVA), impuesto a las ganancias y pago de aranceles a la importación de insumos. Según CISE, los beneficios finalizaban en 2013, pero a través del decreto 1234/07 se extendió hasta el 31/12/2023. De esta manera surgió el modelo fueguino de sustitución de importaciones.

Con la sanción de esta ley, gran parte del gasto tributario nacional se redireccionó a la promoción económica de la provincia. De $ 2.118 millones que se destinaban en 2009, alcanzó los $ 14.692 millones en el año 2013 y se proyectan unos $ 18.000 para el presente año. El aumento exponencial en esta partida se vio impulsado principalmente por la liberación de IVA en compras y ventas.

Para CISE, la promoción económica de Tierra del Fuego representa hoy, el 80% del total del gasto tributario nacional en promociones industriales mientras que en el 2001, esta cifra sólo alcanzaba el 38,25%. 

Sin embargo, advierte que en la actualidad, lejos de promover inversiones y potenciar el desarrollo de la tecnología nacional, el proceso industrial en Tierra del Fuego está limitado a ensamblar componentes industriales producidos en otros países, destinados al mercado interno. Por tal motivo, es necesario contar con divisas para importar los componentes, ya que la producción requiere muy bajo contenido nacional. 

En este contexto, debido a las restricciones de las importaciones, donde numerosos insumos no están entrando al país, sumado a la caída del consumo, muchas empresas hicieron un parate en la producción, suspendiendo en total a más de 3.000 trabajadores, quedando en riesgo otros 12.000 puestos de trabajo.

Por eso, concluye que luego de la difusión del informe de la Secretaría de Industria de Tierra del Fuego, queda en evidencia la mala asignación de recursos e implementación de la política de promoción industrial. Y que los gastos millonarios del Estado no tuvieron como contrapartida el aumento de la producción y empleo fueguino, ni del consumo de productos con tecnología nacional. Además, resalta que la industria ensambladora no busca ni logra la capacitación de los trabajadores y el empleo sustentable.